BRASILIA. El Senado brasileño aprobó por 53 votos contra 16 la ley que congela el gasto público en Brasil por 20 años. En el imaginario del gobierno brasileño, esta medida cuestionada por su impacto negativo en salud, educación y políticas sociales, es la tabla de salvación. Fragilizado por denuncias de corrupción sobre hombres de primerísima línea del elenco ministerial, el presidente Michel Temer decidió aferrarse a ella como la única salida posible de la crisis política. Desde que el gobierno anunció su propósito, motivó la oposición de diferentes sectores sociales. Incluso fue criticado por la ONU.
Ayer, mientras movilizaciones en siete estados rechazaban la reforma constitucional, Temer recibió las felicitaciones del electo presidente estadunidense Donald Trump.
La iniciativa fue presentada con carácter de enmienda constitucional y propone que el aumento anual del gasto público se limite durante dos décadas a la tasa de inflación del año anterior, con la posibilidad de que ese techo sea revisado recién después de los primeros diez años.
Pensada para obtener superávit fiscal suficiente como para saldar la deuda pública federal, la ley de congelamiento no parece conformar a quienes conocen la situación desde adentro. Organizaciones de mujeres, movimientos estudiantiles y centrales sindicales marcharon en la ciudad de Brasilia y los estados de Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, Mato Grosso, Río Grande de Sul, Sao Paulo y Minas Gerais contra “La PEC del fin del mundo”. Como alternativa, los movimientos reclaman una reforma fiscal que reduzca los impuestos sobre artículos básicos como alimentos y medicinas, y que se aumente la carga tributaria a los más ricos.