El Senado de la República aprobó apresurar el trámite para que los familiares de un pensionado desaparecido por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, puedan cobrar su pensión.
Con esta reforma, los beneficiarios ya no tendrán que esperar a que su familiar esté desaparecido por seis años para cobrar su pensión, tal como lo establecía la Ley del Seguro Social.
En el dictamen aprobado se señala que como requisito para poder seguir este trámite, se deberá comprobar el parentesco y la desaparición del pensionado, exhibiendo la denuncia presentada ante el Ministerio Público correspondiente.
Detalla que si, posteriormente y en cualquier tiempo, el asegurado reaparece tendrá derecho a disfrutar de su pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus beneficiarios.
En el dictamen se menciona que el objetivo de esta reforma es proteger y no dejar en estado de indefensión a los familiares de todo pensionado, cuando se éste se encuentre desaparecido o cuando haya fallecido.
La argumentación de la reforma explica que los familiares de una persona desaparecida “deben afrontar problemas específicos como dificultades económicas directamente vinculadas a la desaparición de su ser querido, lo que ocasiona que no logren satisfacer sus necesidades básicas en materia de alimentación, salud, vivienda, educación de los hijos, entre otras”; situación que se pretende subsanar con estas modificaciones. La reforma se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y aprobación.
“(la iniciativa surge) a causa del lamentable escenario que vive nuestro país en materia de desaparición forzada, lo cual se ha convertido en un problema generalizado”, afirmó Lorena Cuéllar, senadora del PRD.
Al respecto, la senadora del PRD, Lorena Cuéllar Cisneros, dijo que este planteamiento se origina “a causa del lamentable escenario que vive nuestro país en materia de desaparición forzada, lo cual se ha convertido en un problema generalizado”.
Consideró indispensable armonizar los sistemas de seguridad social del país, bajo una visión que proteja los derechos humanos de las familias de los pensionados desaparecidos.