RÍO DE JANEIRO. El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue imputado hoy en una tercera causa por corrupción vinculada a la Operación Lava Jato, que investiga multimillonarios desvíos desde la petrolera estatal Petrobras.
El juez Sergio Moro, quien dirige la Operación Lava Jato y es considerado por parte de la sociedad brasileña como un “héroe” contra la corrupción política, aceptó a trámite una tercera denuncia contra Lula, esta vez por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Los fiscales acusan a Lula de participar en un esquema para desviar entre el 2.0 y 3.0 por ciento de los valores de los contratos firmados entre la constructora Odebrecht y la petrolera estatal Petrobras.
De esta forma se habrían desviado 75 millones de reales (unos 23 millones de dólares) con el objetivo de pagar campañas de formaciones políticas, entre ellas el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.
La policía cree que el expresidente –quien pretende presentarse a los comicios presidenciales de 2018 para lograr un eventual tercer mandato- se habría beneficiado del esquema de corrupción por medio de la compra y manutención del edificio sede del Instituto Lula, en Sao Paulo, a cargo de Odebrecht, en una transacción valorada en 12 millones de reales (unos 3.5 millones de dólares).
Lula ya es imputado en otras dos causas de la Operación Lava Jato: una por tratar supuestamente de comprar el silencio de un exdirector de Petrobras y otra por tráfico de influencia y lavado de dinero, al beneficiarse supuestamente de un apartamento de tres plantas en el litoral de Sao Paulo a cambio de beneficiar a la constructora en sus negocios con Petrobras, algo que él niega rotundamente.
El expresidente dice ser víctima de una “caza judicial” en Brasil con el objetivo de impedir su nueva candidatura presidencia, y ya presentó un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas aduciendo que la Justicia brasileña está violando sus derechos.
Si Lula es eventualmente condenado en segunda instancia en alguna de las causas, el expresidente podría ser inhabilitado para presentarse a las elecciones presidenciales de 2018, ya que la ley impide en Brasil que condenados disputen cargos políticos.
OR