PEKIN. La polémica ley china que aumenta los controles sobre el trabajo de las ONG extranjeras en el país, una norma que ha despertado fuertes críticas tanto de la comunidad internacional como de los grupos afectados, entró en vigor.
La llamada Ley de Gestión de ONG Extranjeras, que fue aprobada el pasado mes de abril, obliga a estas organizaciones a estar registradas en la policía y a contar con el patrocinio de una agencia gubernamental.
Según se desprende del texto legislativo, organizaciones sociales no gubernamentales sin ánimo de lucro, como fundaciones, grupos sociales o centros de estudios, están sujetas a una norma de la que las entidades afectadas denuncian su ambigüedad.
Las organizaciones englobadas en la ley pasan a depender desde ayer de la policía, que deberá aprobar su trabajo y, en cualquier momento, podrá cancelar la actividad que estén llevando a cabo o interrogar al responsable de la organización en China si considera que se está poniendo en peligro la seguridad del Estado.
Estados Unidos y la Unión Europea también expresaron su preocupación ante la posibilidad de que esta regulación limite todavía más el margen de actividad que la sociedad civil tiene en el país y debilite a unas ONG que han contribuido al desarrollo de la que es actualmente la segunda economía del mundo.
Sin embargo, las autoridades china apelan a su soberanía normativa para defender esta ley y aseguran que los grupos no gubernamentales siguen siendo bienvenidos.
Nueva norma
10,000
Grupos de este tipo operan en el país sin una regulación específica, según datos del gobierno chino.