La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) efectuó durante 2016 un Programa de Implementación del Régimen Constitucional de Responsabilidad Ambiental, el cual permitió la presentación de 676 denuncias penales ante el Ministerio Público Federal (MPF) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Esto luego de que la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental ordenaron a todas las autoridades del Estado Mexicano, incluida la Profepa, a investigar el daño y el deterioro del ambiente y determinar cuando una persona o una empresa sean responsables de tales afectaciones.
La institución también fue facultada para demandar ante jueces federales la imposición de multas de hasta 40 millones de pesos y del embargo de bienes y recursos financieros para garantizar la tutela del medio ambiente.
Asimismo, se implementó un protocolo para grandes delincuentes ambientales que ocasionan daños al entorno y resisten los mandamientos por lo que actuó en dos casos promoviendo acciones judiciales de responsabilidad ambiental con las que se demandó la imposición de multas de hasta 40 millones de pesos y la orden de reparación del daño por el Poder Judicial.
Indicó que para fortalecer la capacidad probatoria institucional, contrató y capacitó a un grupo de peritos de tiempo completo en las materias de criminalística, daño forestal, impacto ambiental y biología a efecto de desarrollar y profesionalizar las pruebas científicas que utiliza la institución en los procedimientos administrativos, penales y judiciales.
Dato
40 mdp
es el monto de las multas que la Profepa puede demandar ante jueces federales por daños al medio ambiente