Finalmente diputados y senadores han decidido discutir y fijar el mes de febrero como la fecha en que se deberá aprobar la llamada Ley de Seguridad Interna.
El PRI, PAN y PRD han presentado sus respectivas iniciativas que pretenden dar un andamiaje normativo que le permita a las diversas instituciones del estado enfrentar las amenazas que afecten a la sociedad, la integridad y el patrimonio de las personas.
En este andamiaje jurídico, se pretende aprobar una ley que prevea aquellos escenarios en los que se susciten amenazas que sean extraordinarias o de mayor gravedad y en las cuales se tenga que implementar medidas que no sólo involucren a los cuerpos policiacos federales y estatales, sino también a las Fuerzas Armadas.
En diciembre le comenté sobre las iniciativas entregadas por el PAN y el PRI; en ambas se propone regular la actuación del ejército cuando las autoridades federales o locales se vean rebasadas en materia de seguridad.
Ahora se suma la iniciativa del PRD presentada por el senador Miguel Barbosa; su propuesta a grandes rasgos propone dos puntos adicionales a la de César Camacho y a la de Roberto Gil Zuarth. El primer punto señala que el uso de las Fuerzas Armadas ocurrirá en casos extraordinarios. El segundo punto explica que la intervención de militares y marinos deberá tener una temporalidad, y en caso de buscar extensión de la medida, existirá una plena justificación.
Dichos puntos, sin duda, suman al debate y provocarán que las autoridades de todos los órdenes de gobierno tengan claridad en sus objetivos y apliquen los recursos y estrategias en los tiempos establecidos por la medida extraordinaria.
Pero hay un punto que preocupa en la iniciativa de Barbosa, y no es menor. En su propuesta y en los artículos transitorios expone que dentro de los seis meses a partir de la entrada en vigor de lo que será la nueva Ley de Seguridad Interna, el Consejo de Seguridad Interior en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberán elaborar “un diagnóstico para determinar el estado de fuerza y las capacidades institucionales de las corporaciones de Seguridad Pública federal, de las entidades federativas y de los municipios donde las Fuerzas Armadas se encuentran realizando labores de seguridad pública”.
A partir de dicho diagnóstico se pretende determinar si las corporaciones policiacas cuentan con las capacidades y fortalezas institucionales para encargarse de la seguridad pública en el ámbito territorial respectivo y de ahí definir la salida de las Fuerzas Armadas.
El diagnóstico no preocupa, sino el tiempo para implementarlo y el hecho de que se esté debatiendo una Ley de Seguridad Interna, sin las evaluaciones, diagnósticos y mapeo de lo que está ocurriendo en el país con las corporaciones de seguridad federales y estatales.
Esto nos dice que los legisladores buscan sólo dar certeza en su actuación a las Fuerzas Armadas, pero sin resolver previamente un gran problema de fondo: la debilidad estructural de las instituciones de seguridad y justicia, empezando con las policías locales.
Y tan sólo me remito a un dato: Causa en Común publicó esta semana su evaluación de controles de confianza en las policías estatales, y reveló que nueve mil 265 elementos no aprobaron sus evaluaciones, eso sin tomar en cuenta a las policías municipales. Urge una ley interna, pero también un diagnóstico sobre la debilidad de los cuerpos policiacos, para saber el escenario que enfrentará dicha ley.
Descarga la iniciativa de Ley de Seguridad Interior
(@osdtagle)