Distintas organizaciones no gubernamentales informaron hoy que han denunciado al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la ejecución extrajudicial de un indígena nahua en junio de 2009 por parte del Ejército.
El Centro de Derechos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y el Robert F. Kennedy Human Rights presentaron el 2 de enero una petición contra el Estado mexicano por la muerte de Bonfilio Rubio Villegas.
La ejecución extrajudicial de Rubio, originario de la comunidad de Tlatzala, en Guerrero, es “hecho que a la fecha permanece impune”, señalaron hoy las ONG en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.
Recordaron que Rubio murió a manos de soldados en junio de 2009 “cuando en un retén militar dispararon contra el autobús en el que viajaba a la Ciudad de México”.
Sus familiares lucharon todo el tiempo para acceder a la justicia y garantizar que el caso fuera conocido por el fuero civil y no la justicia militar, pero “las autoridades nunca realizaran una nueva investigación independiente y conforme al debido proceso”.
La denuncia, presentada en representación de Bonfilio Rubio Villegas y sus familiares, “expone las violaciones cometidas por el Estado mexicano al no garantizar el derecho a la vida de Rubio Villegas y los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Señalaron que, actualmente, el estado de Guerrero se sigue caracterizando “por sus altos índices de violencia y militarización”, sobre todo después de lanzamiento de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006.
“La militarización del Estado lejos de redundar en un mejoramiento a la situación de inseguridad y violencia, genera un ambiente propicio para la impunidad ante graves violaciones a los derechos humanos”, indicaron.
Las ONG y los familiares de Rubio confían en que la denuncia “contribuya a obtener una investigación independiente e imparcial y lleve el Estado mexicano a garantizar el debido proceso en el trámite de casos de violaciones a los derechos humanos de civiles por parte de elementos del Ejército”.
Señalaron que desde hace algunos años en la zona prevalece “un clima de impunidad respecto a los abusos cometidos por las fuerzas militares, particularmente en casos de ejecuciones extrajudiciales”.
Además, señalaron, existen varios casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Ejército que han llegado a la CIDH, “que ha sentenciado al Estado mexicano por no garantizar el debido proceso en la investigación y el enjuiciamiento al aplicar la justicia militar en casos de violaciones a los derechos humanos de civiles por elementos del Ejército”.