Lo ocurrido en Quintana Roo estos días no es nuevo para las autoridades federales ni estatales, ya que desde hace un año tienen detectado el incremento de grupos delincuenciales en la entidad. Las autoridades por meses han identificado a los líderes, operadores y sicarios, pero no han logrado detenciones importantes.

 

 

Incluso la PGR ha hecho público en sus informes que, desde finales de 2015, en Quintana Roo se habían establecido tres organizaciones delictivas, como el cártel del Golfo, el del Pacífico y los Zetas. Pero no sólo mapearon a las organizaciones, sino también a los grupos de sicarios que operaban en la entidad, los lugares donde cobraban derecho de piso y realizaban extorsiones.

 
Lo sucedido estos días en Cancún tenía una advertencia, y no precisamente por parte de la delincuencia organizada, sino del propio Gobierno federal, que alertó desde septiembre de 2016 que había que tomar medidas inmediatas para evitar el crecimiento de estos grupos, de sus células, de sus operaciones, pero sobre todo había que poner atención para evitar enfrentamientos o la lucha por la plaza.

 
En un reporte de inteligencia, elaborado por las áreas de seguridad del Gobierno federal, se detalla el panorama de la delincuencia organizada en el sureste del país y ahí se incluye la situación de Quintana Roo, pero específicamente de Cancún y sus alrededores. Y es que el llamado que realizó el Gobierno federal hace cuatro meses señalaba que los homicidios dolosos, las detenciones, la venta al narcomenudeo, los aseguramientos de drogas y de divisas se estaban concentrando principalmente en Cancún.

 

 

“La presencia y actividades de grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Pelones y el cártel del Golfo, vinculados con la comercialización de drogas al menudeo, mantienen latente la posibilidad del incremento de los indicadores de violencia”.

 
Tras esta advertencia hubo un segundo llamado más específico en noviembre pasado al actual gobernador, Carlos Joaquín González. El reporte fue enviado y discutido en la áreas de seguridad por el Gobierno federal y decía lo siguiente:

 
“Los eventos violentos de alto impacto, los aseguramientos y las detenciones continúan concentrándose en el municipio de Benito Juárez (Cancún), por lo que las autoridades deben implementar acciones que controlen la comisión de delitos del fuero federal y común, así como el incremento de consumo de drogas por el turismo extranjero y joven que tiene la entidad”.

 
En julio pasado, las autoridades detectaron que la presencia de las organizaciones se estaba modificando e iniciaba una batalla por controlar la plaza de Cancún, pues al escenario llegaba el Cártel Jalisco Nueva Generación.

 
El momento clave para detectar la lucha por la plaza fue justo cuando 13 internos del Cereso de Cancún se fugaron; estos reos pertenecían al grupo denominado los Sureños, quienes al menos cuatro de ellos que no fueron reaprehendidos se unieron a los Zetas para ayudar a recuperar la plaza de Cancún.

 
De acuerdo al informe del Gobierno federal, por el cártel del Golfo estaría operando en Cancún y en el municipio de Solidaridad, Oscar Noé Flores, quien estaría dirigiendo a las células delictivas de los Pelones y los Talibanes.

 

 

En el documento se detalla la forma en que está operando cada organización y menciona que al menos en Quintana Roo tienen presencia el cártel del Pacífico, los Zetas, el cártel del Golfo, la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación; de cada uno registran los hechos en que han participado en 2016.

 

 

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