Este 20 de enero el republicano Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos (EU) y con ello inició un gobierno que ha prometido implementar una política migratoria de persecución a personas sin documentos de estancia legal; y deportaciones masivas.
Ante este panorama, 5.5 millones de mujeres mexicanas indocumentadas –cifra que representa 46 por ciento de la población mexicana que viven en el país vecino– corren el riesgo de ser deportadas, ser obligadas a separarse de sus familias, perder sus empleos, o trabajar en la clandestinidad.
En su campaña para llegar a la Casa Blanca, Trump propuso una política migratoria y aunque lo que llamó la atención mediática fue la construcción de un muro fronterizo con México, la propuesta también incluye deportaciones, la cancelación de “amnistías” otorgadas por el gobierno de Barack Obama, y el bloqueo de fondos para las ciudades “amigables” con estas poblaciones, entre otras acciones.
De concretarse, la medida afectará no solamente a las mexicanas que radican en aquel país –que representan 26 por ciento de la población femenina migrante, de acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) – sino a mujeres migrantes de otras nacionalidades, y a las familias que emplean migrantes para realizar tareas domésticas y de cuidado.
Migración femenina en EU
Las mexicanas van a EU en busca de empleos. Principalmente se ocupan en sectores como la industria empacadora y procesadora de alimentos, pues la mayoría de ellas tiene niveles escolares bajos y su condición de indocumentadas les impide desempeñar ocupaciones calificadas con mayor remuneración, indica el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
La directora de este Instituto, Gretchen Kuhner, dijo en entrevista con Cimacnoticias, que ante la situación demográfica de aquél país, con un aumento de personas de la tercera edad, las migrantes se emplean como cuidadoras y con ello contribuyen a sostener a las familias en las labores de cuidado para que las mujeres y hombres estadounidenses puedan trabajar.
A 2012, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, 41.3 por ciento de las migrantes se dedicaba a trabajos de servicio de baja calidad, esto incluye ocupaciones relacionadas con la preparación de comida, mantenimiento y limpieza de inmuebles, y trabajo en el hogar.
Estudios del Imumi destacan que las condiciones laborales que enfrentan las mexicanas migrantes son deplorables y negligentes; reciben pagos menores a los salarios establecidos por las industrias, los despidos injustificados son recurrentes, y en la mayoría de los casos se niegan a acudir a servicios de atención médica por temor a perder su trabajo.
Herencia de Obama
Si bien el año que inicia enciende una alerta por la situación que vivirán las personas migrantes, el incremento en el número de deportaciones se ha dado desde años atrás. Datos de 2012 de la organización Pew Hispanic Center (dedicada a la investigación sobre población hispana en ese país) indican que de 1995 a 2010 bajó el número de extranjeros que ingresaron a EU y aumentó el número de deportaciones.
Luego de las amenazas de Trump, organizaciones civiles recordaron que de acuerdo con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en la gestión de Obama -de 2009 a 2016- fueron expulsadas de EU más de dos millones de personas sin estancia legal.
Obama tampoco logró una reforma migratoria pero impulsó programas a favor de esta población como la Acción Diferida por la Llegada de Infantes (DACA, por sus siglas en inglés) para autorizar a la juventud migrante tener un trabajo y estudiar sin ser deportados; beneficio que Trump promete derogar.
La también abogada destacó que está en riesgo esta política que permitió a las y los jóvenes (conocidos como dreamers) “salir de la sombra”, registrarse ante el gobierno y aumentar sus posibilidades de estudiar y trabajar.
Retos de dos naciones
“Preocupa la amenaza del presidente electo Trump que está diciendo que va a deportar a muchos migrantes indocumentados, tiene muchas formas de hacerlo”, y alerta que todos sus dichos se deben tomar en serio.
Muchas de las decisiones del próximo mandatario tendrán que ser aprobadas por el Congreso (dominado por los republicanos). Por si fuera poco Jeff Sessions –conocido por su postura anti inmigrante, sería Procurador General de EU; y para ocupar el Departamento de Seguridad Nacional se nominó a John Kelly, quien habla de refugiados, una postura que parece ser más moderada.
En este escenario Kuhner advierte que la comunidad mexicana y en general migrante que radica en el país vecino, debe conocer sus derechos y estar informada para saber qué hacer en caso de una deportación. Por ejemplo, si son víctimas de violencia intrafamiliar pueden solicitar una visa; o en caso de separación familiar, si dejan a sus hijas e hijos o los llevan consigo. El Imumi estima que al menos 75 por ciento de los 5.5 millones de menores de edad con padres y madres indocumentados en EU son ciudadanos.
“Hay muchas cosas que se pueden hacer para planearlo: firmar cartas de custodia temporal; saber que tienes el derecho de que si te agarran en una redada en el trabajo y tus hijos están en la escuela, puedes arreglar la cuestión de cuidado”, expone.
Tan sólo en el periodo de enero a septiembre de 2016, 890 madres mexicanas dejaron a sus hijos e hijas, y familiares directos o indirectos en Estados Unidos, de acuerdo con el informe de “Migración y Movilidad Internacional de las Mujeres en México” de la Secretaría de Gobernación.
A la probable oleada de deportaciones Kuhner dice que el gobierno mexicano tendrá que contemplar acciones para recibir a estas familias con políticas públicas enfocadas en garantizar trabajo, vivienda, acceso a salud, educación y su reintegración.
“El reto es muy grande. Hay muchas cosas que el Estado podría hacer para asegurar que las personas tengan acceso a servicios públicos pero lo que más va a costar es buscar trabajo y sobrevivir. Debe ser el primer paso”, dijo.
También avizora una sinergia de movimientos sociales: la población LGBTTTI, feministas, mujeres afroamericanas y trabajadores, entre otros, organización que será clave para hacer frente a la campaña anti-inmigrante de Trump.