Los jefes delegacionales de Xochimilco, Avelino Méndez; Tláhuac, Rigoberto Salgado; Azcapotzalco, Pablo Moctezuma, y Tlalpan, Claudia Sheinbaum, todos del partido Movimiento Regeneración Nacional, además de la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, del PAN, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una Controversia Constitucional por la aprobación, publicación y entrada en vigor del decreto de Presupuesto de Egresos 2017 de la Ciudad de México.
Desde que se discutió el presupuesto en la ALDF, jefes delegacionales reclamaron la repartición de una bolsa extra que se dio a las delegaciones. Sin embargo, aseguraron que en la distribución las zonas gobernadas por Morena (excepto Cuauhtémoc) y la Miguel Hidalgo tuvieron un monto inferior a otras demarcaciones.
En el documento, los funcionarios acusaron a la Asamblea Legislativa local y al Gobierno capitalino de violar el artículo 122 constitucional, así como la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.
Los funcionarios inconformes alegaron que a las 10 delegaciones cuyos titulares militan en los mismos partidos que los diputados que aprobaron el decreto les fue asignado el 79% de los llamados recursos adicionales.
Durante la presentación de la controversia, Claudia Sheinbaum, delegada de Tlalpan, señaló que este recurso legal busca que la Suprema Corte sea la que determine cómo debe de hacerse la distribución del presupuesto, con un principio de equidad y tomando en cuenta aspectos como el número de habitantes y el territorio, sin violar los derechos humanos de los ciudadanos.
Aseveró que el documento será un antecedente para más casos similares pues, afirmó, este tipo de reparticiones sin transparencia también se hacen a escala federal. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez, titular de la delegación Miguel Hidalgo, señaló que la repartición no tomó en cuenta que esa zona aporta cerca de 20% de los ingresos de la Ciudad de México.
“Ojalá los ministros nos escuchen, porque creo que es una enorme oportunidad de que el presupuesto, no sólo de la Ciudad de México, sino de este país, se distribuya de una manera ética y transparente”, dijo.
Gálvez afirmó que “la SCJN debe actuar como árbitro, que es lo que necesita el país. Ellos podrían hacer justicia, cosa que no hizo la Asamblea Legislativa local”.