Alejandro Madrazo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), pidió al Congreso legislar en materia de seguridad interior con base a la evidencia recabada en 10 años de operativos de las Fuerzas Armadas en tareas civiles y no en la conveniencia política. Ante legisladores, el académico, experto en seguridad, advirtió que, de acuerdo con una investigación de tres mil 327 eventos de combate en donde estuvieron involucradas las Fuerzas Armadas entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011, se comprobó que el uso de operativos federales aumenta la tasa de homicidios en los municipios en los que se despliega.
De acuerdo con el estudio, en el 84% de los casos estudiados, el detonante de la balacera es un actuar del Estado. Incluso señala que en nuestro país el índice de letalidad que se mide: muertos sobre heridos, es de 2.6 muertos por cada herido en los casos donde se involucra la Policía Federal; de la Marina llega a 13.3 muertos por cada herido; y del Ejército es de 9.1 muertos por cada herido.
Advirtió que las tres iniciativas que se analizan en el Congreso en torno al tema son de dudosa constitucionalidad porque el Congreso no tiene facultades para legislar en la materia.
Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, aclaró que el Ejecutivo lo que busca es una ley secundaria que defina y regule la seguridad interior, en cuanto a las actividades que deben realizar las dependencias e instituciones para el mantenimiento del orden interno.
“Al Congreso de la Unión le corresponde definir el marco jurídico que involucre los tres niveles de Gobierno atendiendo a las acciones de seguridad interior, así como a la actuación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles”, dijo Roberto Campa.