México celebra este domingo el centenario de su Constitución con el reto de “hacerla efectiva”, acercarla a la población e incluir cambios para dar pleno reconocimiento a los migrantes e incorporar el concepto de la renta básica y los derechos reproductivos, afirmó el experto Miguel Carbonell.

 

 

El licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo a EFE que la Constitución mexicana debe “establecer un compromiso mucho más fuerte con los migrantes” y denunció que “México no ha tenido una política congruente en cuanto a lo que exige a Estados Unidos y a lo que está dispuesto a dar” a ese colectivo.

 

 

Carbonell, quien también es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, afirmó que la Constitución de México de 1917 es “fuertemente nacionalista porque excluye a quienes son extranjeros de cualquier participación política”.

 

 

De acuerdo con el especialista, el texto “sigue manteniendo una clara discriminación entre mexicanos de primera (que son los nacidos en el país) y los de segunda (el resto)”.

 

 

“México tendría que ser ejemplar en la apertura y reconocimiento hacia los derechos de los migrantes, que hoy desde luego no hay”, apuntó el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

 

 

La Constitución de México fue pionera en reconocer los derechos sociales, y según Carbonell “intentó ser el ideario de los que triunfaron en la Revolución Mexicana y darle constitucionalidad a un movimiento encabezado por líderes rurales”.

 

 

Después de 100 años, México está acechado tanto por problemas internos (corrupción, violencia) como externos, entre ellos la relación bilateral con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que sus políticas migratorias y su economía proteccionista podrían tener graves consecuencias para el país latinoamericano.

 

 

Al respecto, Carbonell apuntó que México “debe resolver sus propios problemas”, ya que entablar una negociación con EU sin haberlos solucionado “será muy complicado”.

 

 

Además de las reformas en materia de migración, apuntó que “faltaría añadir el debate de la renta básica”, una forma de sistema de seguridad social en la que todos los ciudadanos de un país reciben una suma de dinero sin condiciones por parte de una institución pública.

 

 

En cuanto a los derechos reproductivos, remarcó que “solamente el Estado laico puede garantizarlos”, y añadió que el constitucionalismo contemporáneo “no admite que quien tiene el poder religioso intente imponer su punto de vista político sobre el resto de la población”.

 

 

La Constitución tenía originalmente 22.000 palabras y hoy tiene 70.000, ampliación causada por 686 reformas, la mayoría efectuadas durante las gestiones del hoy expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y del actual mandatario, Enrique Peña Nieto, lo que convirtió la Carta Magna en un texto “muy farragoso y alejado de la población”.

 

 

Lo que marcó al sexenio de Calderón y que tuvo un reflejo constitucional fue el combate a la inseguridad, ya que “usó muchos poderes del Gobierno para combatir al crimen organizado de una forma a veces un tanto arbitraria”, lo que aumentó la violencia y cuadruplicó los homicidios en todo el país, consideró el experto.

 

 

Para Carbonell, el expresidente no tuvo una responsabilidad penal pero sí política en esta escalada de violencia porque “lanzó al Estado mexicano a una lucha contra los cárteles sin estar preparado para dar una respuesta desde el punto de vista jurídico”.

 

 

Por parte de Peña Nieto, el presidente que más reformas constitucionales ha promovido, los cambios que provocaron más rechazo social fueron sus reformas educativa y energética, precisó.

 

 

La reforma educativa de 2013, que estableció la evaluación continua del personal docente y puso fin a añejos privilegios sindicales, provocó un amplio rechazo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que ha protagonizado movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

 

 

La reforma energética, promulgada el mismo año y que abrió el sector al capital privado después de más de siete décadas de monopolio estatal, también fue muy impopular, aunque Carbonell opinó que “se debería haber hecho hace mucho tiempo”.

 

 

dca