Después de que una Corte de Apelaciones de San Francisco diera la razón a los Estados de Seattle y de Washington al considerar ilegal el veto de Trump, el presidente republicano había prometido (también por Twitter) seguir el caso hasta la Corte Suprema. Pero sus asesores en la Casa Blanca ya se dieron cuenta del peligro de un empate en el máximo tribunal (con cuatro jueces cercanos a las posiciones del Partido Demócrata y cuatro cercanos a las del Republicano) y ya están hablando de un nuevo decreto migratorio: en caso de empate en la Corte Suprema, se impondría el fallo de San Francisco.
“Exploramos todas las opciones posibles” para acabar con la “usurpación de poder” de la Justicia, dijo ayer en la cadena Fox el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller. El propio Trump había hablado el viernes de “un decreto totalmente nuevo” para el lunes o martes de la próxima semana.
Miller aseguró a varios canales que la decisión de un juez de distrito de detener la orden ejecutiva de veto migratorio fue “ideológica” y no tiene base, ya que el Presidente tiene la autoridad constitucional.
El asesor político de Trump dijo que “un juez de distrito no puede forzar al Presidente a cambiar las leyes y la Constitución con base en sus opiniones personales. El presidente puede suspender la entrada de extranjeros cuando es de interés nacional”.
Ante sus 25 millones de seguidores, Donald Trump explicaba ayer en Twitter los arrestos a extranjeros sin permiso de residencia que en la última semana, y según los principales medios de EU, ascendieron a 350.
Lo que no dijo Trump por Twitter es que muchos de los inmigrantes detenidos la semana pasada no eran traficantes de drogas, miembros de banda ni criminales de ningún tipo (a menos que buscar trabajo y hogar en otro país sea considerado un crimen).
Defiende redadas
“La campaña contra criminales ilegales es meramente en mantenimiento de mi promesa de campaña. Miembros de bandas, traficantes de droga y otros están siendo deportados”
Donald Trump
Presidente de EU
Estrategia
“Esto es bastante notable. Se estima que la inmigración ilegal cuesta a nuestro país, a los estados y a los beneficios en seguridad social locales y federales, unos 100 mil millones de dólares al año”
Stephen Miller
Asesor político