Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que, hasta el momento, las negociaciones sobre la Ley de Seguridad Interior se llevana a cabo de manera opaca y sin consulta pública, y señalan como un peligro que se quiera aprobar en fast track la militarización de la seguridad pública, por lo que demandaron abrir el debate sobre el tema al considerarlo trascendental para la agenda pública nacional.

 
En conferencia de prensa, Alejandro Madrazo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que a pesar de que la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados ya tiene el dictamen listo para aprobarse en cualquier momento, se desconoce qué dice el documento, lo cual preocupa a la sociedad civil, pues podrían aprobarse, sin debatirse, atribuciones para el Ejército que sean inconstitucionales.

 
El académico aseveró que lo único que saben de la Ley son las propuestas de César Camacho y Roberto Gil Zuart, las cuales no justifican la permanencia del Ejército en las calles; incluso, aseguran que desde la academia han encontrado la relación entre el incremento de los operativos castrenses y la escala de la violencia en los últimos años.

 

 

En cifras

 
Por ejemplo, de los operativos donde participaron militares en el periodo 2006 a 2011, en 37% de ellos se abatió a todos los presuntos delincuentes; además, señalaron que en los operativos donde participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional hay 9% más posibilidades de que termine en enfrentamiento armado que en aquellos donde sólo participan fuerzas civiles.

 
Al respecto, Santiago Aguirre, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que si la Ley de Seguridad Interior legaliza la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ésta entraría en contradicción de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país ha signado.

 
“(De aprobarse sin debate) México sería señalado por un proceso apresurado y poco transparente de una ley que caería, muy posiblemente, en inconstitucionalidad e inconvencionalidad internacional”, comentó Aguirre.

 
Ante estas preocupaciones, las organizaciones Amnistía Internacional México, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el CIDE, México Unido Contra la Delincuencia, el Centro ProDH y Enjambre Digital demandaron que se abra el debate público para dicha ley.