Por la omisión de sus responsabilidades en la garantía de derechos laborales, sociales y de libre manifestación en perjuicio de los jornaleros de San Quintín, Baja California, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 2/2017 al gobierno de Baja California y al Gobierno federal.

 

 

Esta Recomendación viene del expediente CNDH/6/2015/2338/Q, el cual surgió durante las manifestaciones de los jornaleros de enero de 2015, donde denunciaban las condiciones precarias en las que laboraban en los campos agrícolas de Ensenada, y que terminó en un enfrentamiento con la policía estatal ese mismo mes.

 

 

“La CNDH evidenció la falta de coordinación interinstitucional para la implementación de acciones puntuales y eficientes para atender la  situación, la consecución de las actividades de los grupos de trabajo y la integración de sistemas de información que permitieran tener padrones de personas jornaleras. Hubo omisión para hacer un diagnóstico e identificar causas, problemáticas y áreas de oportunidad para canalizar estratégicamente los apoyos, individuales o colectivos, así como programas sociales y de infraestructura”, dice el comunicado donde la Comisión da a conocer la Recomendación.

 

 

La Recomendación va dirigida a al gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid; al alcalde de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna; a los secretarios de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava; del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida; de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer; y al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola Peñalosa.

 

 

Pero el caso no queda ahí, debido a que el 17 de enero de 2015 la policía estatal realizó un operativo para disolver una manifestación de jornaleros, el cual careció de los protocolos indicados para tal acción. Es por ello, que la CNDH determinó que se violaron los derechos de 200 personas, entre las que se encontraban 50 mujeres y menores de edad, quienes fueron detenidos injustificadamente.

 

 

“De lo investigado, se evidenció el uso injustificado de balas de goma, bombas de humo, así como lesiones a personas y daños en viviendas por la carencia de una efectiva supervisión de la actuación de los elementos de seguridad y la falta de aplicación de protocolos conforme a los estándares de uso de la fuerza, así como de dispositivos no letales”, añade el comunicado.

 

 

Entre los puntos de la Recomendación, indica la implementación de medidas de asistencia a los jornaleros, mejores registros laborales e interponer una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California para deslindar responsabilidades.