LONDRES. El Tribunal Supremo británico avaló una política del Gobierno que exige a los ciudadanos británicos un salario mínimo anual de 18 mil 600 libras para poder traer al Reino Unido a sus cónyuges extracomunitarios.
La máxima instancia judicial reafirmó la validez de la normativa al analizar los recursos presentados inicialmente en 2014 por varias familias con situaciones similares, que alegaban que la exigencia de esos ingresos mínimos contravenía sus derechos, en particular a la vida familiar.
Los demandantes de esa regulación, introducida en 2012 por la actual primera ministra británica, Theresa May, cuando era titular del Interior, argumentaron que la regla, introducida en 2012 a fin de evitar que los esposos extranjeros se convirtieran en una carga fiscal para los contribuyentes del Reino Unido, vulnera la legislación de derechos humanos.
Sin embargo, los magistrados de la Corte Suprema valoraron que tal decisión responde a ‘motivos totalmente legítimos’ como parte de la estrategia gubernamental para reducir la inmigración.
Un vocero del ministerio británico del Interior se congratuló por que el tribunal haya “avalado” el enfoque del Gobierno de fijar “un umbral mínimo de ingresos” que evite “cargas al contribuyente y asegure que las familias de inmigrantes se integran en las comunidades”.
Afectados
3,641
Familias solicitaron el visado que ha estado en suspenso desde el 5 de julio del año pasado. Los críticos de la medida afirman que alrededor de 15 mil niños han sido separados de sus padres por este motivo.