La Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó ocho órdenes de aprehensión contra igual número de personas en Baja California, cómo parte de las acciones coordinadas que realiza con autoridades de Estados Unidos, para combatir la delincuencia organizada y el tráfico de personas.
La dependencia informó a través de un comunicado de prensa, que derivado de una investigación de más de dos años, personal de diversas corporaciones realizaron diversos cateos en el Ejido “Jacume” y el poblado de “El Hongo” en el municipio de Tecate y en la ciudad de Tijuana, Baja California.
En esos lugares fueron detenidos: Cornelio “N”, Artemio “N”, Santos “N”, Manuel “N”, Juan José “N”, Adrián “N”, Juan “N” y Javier “N”, investigados por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de personas, añadió la dependencia en un comunicado.
Una vez cumplimentadas las órdenes de aprehensión, emitidas por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, los detenidos quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional en el Centro de Readaptación Social (CERESO) “La Mesa” de Tijuana.
Indicó que en esos lugares, fueron detenidos: Cornelio “N”, Artemio “N”, Santos “N”, Manuel “N”, Juan José “N”, Adrián “N”, Juan “N” y Javier “N”, investigados por los delitos de Delincuencia Organizada y Tráfico de Personas.
Apuntó que una vez cumplimentadas las órdenes de Aprehensión, emitidas por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, los detenidos quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional en el Centro de Readaptación Social (CERESO) “La Mesa” de Tijuana.
En las acciones participaron elementos de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Policía Federal Ministerial, peritos de la Agencia de Investigación Criminal, así como de las Fuerzas Especiales de Apoyo de la Policía Federal, con sede en Tijuana.
La Procuraduría General de la República enfatizó que con estas acciones refrenda su compromiso por recuperar las condiciones de seguridad y vigencia del Estado de Derecho, evitando que cualquier manifestación de la delincuencia se mantenga en la impunidad.
jram