El pleno de la Cámara de Diputados, aprobó reformas al Código Penal Federal, para sancionar, incluso con cárcel, la discriminación religiosa y la derivada de una condición de discapacidad.
El dictamen avalado da luz verde para aplicar una sanción de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días de multa a quien por razones de religión o discapacidad atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas.
El priista Ramón Bañales Arámbula resaltó que la reforma armoniza el concepto de discriminación para sancionar también la discriminación religiosa y la derivada de una discapacidad.
El panista José Hernán Cortés Berumen recordó que el derecho a la no discriminación está ya plasmado en la Constitución y sólo tenía una inconsistencia que no tenía ninguna sanción a dicha conducta, por lo que el dictamen busca solucionar esa deficiencia.
Desde la máxima tribuna, el priista Erick Alejandro Lagos Hernández fijó la postura de su bancada a favor y sostuvo la necesidad de un México incluyente en donde se luche contra la discriminación de cualquier naturaleza.
En su turno, el diputado de Encuentro Social, Hugo Erick Cervantes avaló las reformas y recordó que en México se han dado casos de persecución religiosa y de ahí la importancia de incluir en el catálogo del Código Penal sanciones por ese tipo de discriminación.
Por Nueva Alianza, Karina Sánchez Ruiz se pronunció por el respeto pleno al Estado de derecho y en pro de la reforma y advirtió sobre el desplazamiento de cientos de personas a causa de la discriminación, y reiteró la necesidad de salvaguardar el derecho humano sobre la libertad de creencia.
A su vez, el diputado de Morena, Jorge Tello López, advirtió sobre la intolerancia religiosa en Chiapas y Guerrero, donde existen desplazamiento de personas derivados de enfrentamientos religiosos, por lo que pidió reconocer la diversidad de pensamiento y de creencia religiosa.
A su vez, la diputada del Partido Verde, Lía Limón García, destacó que la política del gobierno federal ha estado orientada a la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos.