La Asamblea Nacional (congreso unicameral) de Venezuela aprobó hoy una resolución que declara una crisis humanitaria en materia de alimentación en el país, por lo que exigió al gobierno la búsqueda de soluciones en el corto plazo.
La resolución estableció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está obligado a garantizar la alimentación y a combatir el hambre que aqueja a alrededor del 70 por ciento de la población de Venezuela.
El Legislativo, bajo control opositor, aprobó sin la presencia del oficialismo declarar la existencia de una crisis humanitaria en materia alimentaria y llamó a los órganos del poder público a adoptar medidas urgentes contra el hambre.
Asimismo, la Asamblea acordó declararse en emergencia para activar mecanismos institucionales a su alcance y enfrentar la problemática del hambre en el país.
A su vez, el congreso exigió al gobierno la inmediata sustitución del ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, en respeto al voto de censura que aprobó el órgano legislativo el año pasado.
El presidente de la Asamblea, Julio Borges, indicó que el acuerdo establece la instalación de una comisión especial que definirá las acciones a corto plazo para contener la crisis, con apoyo de la sociedad civil.
Borges anunció que el grupo iniciará investigaciones sobre el destino del dinero para importar alimentos y sobre las tierras expropiadas por el gobierno.
“Ese es nuestro compromiso con el pueblo venezolano, este no es un acuerdo cualquiera, se trata de que en esta oportunidad la Asamblea Nacional, junto al país que sufre la crisis, levante su voz en función de declararse en emergencia y buscar soluciones”, agregó.
El legislador sostuvo que el gobierno ha creado un perverso sistema de hambre, diseñado para el sometimiento político del pueblo y la destrucción de la fuerza productiva del país.
El diputado opositor Carlos Paparoni abrió el debate en el congreso planteando que la situación actual de hambre comenzó con una serie de expropiaciones por parte del gobierno y que ese modelo ha enriquecido a varios funcionarios.
“El hambre en este país empezó con la palabra expropiación, con las cinco millones de hectáreas que han sido expropiadas a lo largo y ancho del país. El gobierno acabó con la cadena productiva para darle paso a un modelo que sólo le deja ganancias a sus socios y amigos”, aseveró.
El también diputado opositor Carlos Valero denunció que este año han muerto 27 niños por desnutrición en Venezuela y que el gobierno no cambia este modelo “fracasado porque le permite la inmensa corrupción que hoy caracteriza a nuestro país”.
Asimismo, Valero criticó el esquema de subsidios puesto en práctica por el gobierno con los llamados Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP), que venden bolsas de alimentos a consumidores de los sectores más pobres.
La resolución legislativa atribuyó la actual situación al modelo económico impuesto por el Ejecutivo, basado en estatismo, expropiaciones arbitrarias, controles abusivos de precios, y en el desprecio de la iniciativa privada en la economía, que ha causado el colapso de la producción nacional y una inflación de 700 por ciento en el último año.