La transformación digital en los países requiere de políticas públicas equilibradas para que sea una palanca de crecimiento y no una amenaza, instó hoy aquí el titular de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría.
Al participar en la inauguración del seminario “La nueva revolución de la producción: La transformación digital”, el secretario general del organismo multilateral pidió que ese proceso digital sea inclusivo con los trabajadores adultos con menos cualificación digital.
“Son cambios disruptivos, que en este caso es algo, porque facilita y abarata, pero que plantean en privacidad, protección al consumidor, competencia, innovación, competencias en habilidades y destrezas que debe tener la fuerza de trabajo”, expuso.
En el evento organizado por la Fundación Ramón Areces y en el que participó junto al ministro español de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, enfatizó que para los trabajadores esta trasformación “debe tener ventajas y no ser una amenaza”.
“La magnitud de estos cambios exige una respuesta responsable, porque de lo contrario podrían empeorar las desigualdades, se erosiona el tejido social. Por eso una mezcla de políticas públicas equilibradas permite aprovechar sus beneficios”, reiteró.
Ante profesionales y representantes de empresas, explicó que el aumento en cobertura y acceso a servicios digitales es sólo una variable de toda la ecuación que implica este proceso de transformación.
Recalcó que la primera política es la inversión en infraestructura, tanto para satisfacer la demanda como para reducir la brecha digital, pero para ello el sector público debe contar con el apoyo del sector privado.
Refirió que en el caso de España ello se ve en que el sector privado sólo invierte en investigación y desarrollo el equivalente al 0.64 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, frente al 1.3 por ciento de promedio de los países OCDE.
Indicó que se debe impulsar una mayor digitalización de los servicios públicos de empleo; promoverse la recopilación de datos que incidan en la actividad empresarial; mantener la privacidad y protección del consumidor para que pueda seguir confiando en el entorno digital.
Subrayó que se debe favorecer la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, y que los trabajadores cuenten cada vez más con las competencias para sacar provecho a la economía digital.
Mencionó que por ejemplo en España una cuarta parte de los adultos carece de competencias en Internet y nuevas tecnologías, por lo que debe impulsarse una política de formación para los que tienen menor cualificación y “que son los amenazados de desplazamiento por la tecnología digital”.
Resaltó que el 12 por ciento de empleos en España corre el riesgo de automatización, mientras otro 22 por ciento de empleos se enfrenta a cambios significativos como consecuencia de este proceso.
Por su parte, el ministro español manifestó que España cuenta con el potencial de infraestructuras para desplegar más tecnología y redes, como tener el 66 por ciento de su territorio con fibra óptica, y que deberá aprovecharse de ello para alcanzar los siguientes objetivos.
Consideró que en España deberá darse un amplio consenso político para en próximos años implantar la tecnología de quinta generación 5G, tanto por el coste que implicará la variación de utilización del espectro, como por las medidas que implicará su implementación.
Recalcó que serán objetivos a alcanzar aspectos como la protección de derechos ciudadanos en el mundo digital, de los derechos mercantiles, y actualizarse ante los cambios de producción de servicios a nivel mundial.
jram