La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades federales a impulsar políticas en conjunto con las entidades federativas para que las mujeres privadas de su libertad permanezcan en los penales más cercanos al lugar donde se instruya su proceso.

 

 

Mediante la recomendación 15/2017, dirigida a la Comisión Nacional de Seguridad, el organismo se refirió al traslado y trato digno de las mujeres que se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, en Coatlán del Río, Morelos.

 

 

El organismo destacó que los traslados penitenciarios representan una de las formas más comunes de violación del derecho a la seguridad jurídica de las personas privadas de su libertad.

 

 

Ello porque además de obstaculizar el seguimiento de su proceso, generalmente alejan a la persona del lugar más cercano a su domicilio, situación que puede darse sólo bajo las excepciones que la Constitución señala.

 

 

“El Estado tiene el deber de garantizar que la persona sujeta a prisión tenga la posibilidad real y efectiva de defenderse en el proceso que se sigue en su contra, sobre todo si se toma en cuenta que el derecho penal parte del principio de presunción de inocencia”, observó.

 

 

La CNDH refirió que tratándose de las sentenciadas, el contacto con su familia y con su núcleo social es fundamental para alcanzar el fin de la pena, que es la reinserción social.

 

 

Además, ante señalamientos de que a las mujeres les asignan un número con el cual se les identifica desde su ingreso, consideró que no se justifica la pérdida de la identidad; ser identificado con nombre y apellido es el atributo que distingue de por vida a toda persona, sin importar la circunstancia por la cual transite.

 

 

Ante ello, solicitó a la CNS desarrollar políticas y llevar a cabo convenios con las entidades federativas para que a las mujeres no se les haya imputado el ilícito de delincuencia organizada, o que no requieran medidas especiales de seguridad, permanezcan en el penal más cercano al lugar en que se instruya su proceso.

 

 

Además, que se revise la situación jurídica de las internas en el citado Cefereso, para que en el caso de las procesadas se les pueda acercar al lugar en donde se les instruya el proceso penal correspondiente.

 

 

“Y en el de las sentenciadas ejecutoriadas, al de su residencia habitual o, en su caso, en donde estén sus hijos”.

 

 

La CNDH solicitó que se emita un documento con carácter obligatorio para el Sistema Penitenciario Federal en el que se implementen acciones tendentes a evitar cualquier acto de discriminación hacia esta población, respetando su derecho al trato digno.

 

 

También otorgar uniformes enumerados en lugares no visibles de primer impacto, que sirvan sólo para el control administrativo, dirigiéndose siempre a la persona por su nombre, de conformidad con la normatividad y con los estándares internaciones.

 

 

En la recomendación, destacó la necesidad de realizar las acciones que permitan lograr la armonización y adecuación del contenido de la normatividad interna específica con la Constitución y los estándares nacionales e internacionales en derechos humanos.

 

 

Otro punto central, indicó, es la impartición de cursos de capacitación al personal, en temas de derechos humanos, equidad de género, acceso de las mujeres a una vida libre de violencia e interés superior de la niñez.