La detención en Italia del exgobernador Tomás Yarrington, acusado de delincuencia organizada, pone en el foco los problemas con la Justicia que afrontan varios exmandatarios estatales, lo que ha agudizado la crisis institucional que padece México, denunciaron expertos a la agencia Efe.

 

La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía mexicana) anunció el domingo la captura Yarrington, gobernador del norteño estado de Tamaulipas de 1999 a 2004.

 

El político del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevaba prófugo desde 2012 y es acusado de favorecer al cártel del Golfo y al de los Zetas para el transporte de drogas hacia Estados Unidos.

 

Su sucesor en el cargo, Eugenio Hernández Flores (PRI), también fue acusado de lavado de dinero, y actualmente afronta un proceso penal en una corte federal estadounidense.

 

Estos casos forman parte de una nutrida lista -más de una decena- de ex jefes de gobierno estatales condenados o investigados por la Justicia; algunos de ellos están prófugos y otros en medio de un proceso con graves acusaciones.

 

“Es un problema de corrupción estructural donde los gobernadores no solamente usan el cargo para enriquecerse, sino que tienden puentes de intercambio de favor o poder, y al terminar el mandato siguen contando con un nivel importante de impunidad”, explica a Efe la investigadora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) Sofía Ramírez.

 

Para la presidenta de la ONG Causa en Común, María Elena Morera, estos sucesos reflejan la corrupción e impunidad imperantes en México, y muestran que hay “una colusión de grupos políticos y fácticos que las protegen”.

 

Uno de los prófugos más mediáticos es Javier Duarte, exgobernador del oriental estado de Veracruz, un político recientemente expulsado del PRI que arruinó las arcas públicas y vio cómo durante su mandato, de 2010 a 2016, las cotas de violencia se disparaban en esa región.

 

Duarte, a quien el presidente Enrique Peña Nieto llegó a poner como ejemplo del nuevo PRI, pidió licencia para separarse de su cargo en octubre pasado, 48 días antes del fin de su mandato, y hoy es buscado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

 

Su caída en desgracia arrastró también al exgobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, acusado de encubrirlo.

 

El exgobernador de Chihuahua César Duarte (2010-2016), del PRI, cuenta a su vez con una orden de localización y detención de Interpol y es acusado de malversación de fondos públicos.

 

De acuerdo con la experta de MCCI, estos casos probarían que los gobiernos estatales son como “pequeños virreinatos” que crean sus propias “reglas del juego”.

 

Morera denuncia que en el traspaso de recursos federales a los estados no hay apenas control, lo que llevó a muchas autoridades estatales a “implementar diferentes sistemas de saqueo”.

 

En noviembre pasado, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés (2009-2015), del conservador Partido Acción Nacional (PAN), ofreció una inusual entrevista donde denunció “persecución política” y acto seguido se entregó a las autoridades, tras un mes prófugo y buscado por defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero.

 

El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina (2009-2015), del PRI, libra también una batalla legal, y es acusado por el actual gobierno estatal de robo al erario y daño al patrimonio por unos 168 millones de dólares.

 

En enero de este año, el gobernador del suroriental estado de Quintana Roo entre 1993 y 1999, Mario Villanueva (PRI), regresó a México tras seis años preso en Estados Unidos.

 

Acusado de facilitar el tráfico de cocaína por Cancún hacia Estados Unidos, se espera que Villanueva cumpla ahora una condena de 22 años en su país.

 

En este mismo estado, el ex gobernador Roberto Borge (2011-2016, PRI) ha sido denunciado por el actual Gobierno estatal ante la Fiscalía por la presunta venta irregular de terrenos del estado a sus familiares y colaboradores.

 

En junio del pasado año, Andrés Granier (PRI), gobernador del estado de Tabasco entre 2007 y 2012, fue arrestado por el delito de fraude fiscal.

 

Jorge Herrera Caldera, gobernador de Durango de 2010 a 2016, también enfrenta una investigación judicial en su contra.

 

Ramírez celebró hoy que en los últimos años hayan aflorado tantos casos, pues lo relaciona con una sociedad “más participativa” y unos medios de comunicación “más críticos”.

 

No obstante, alertó que los procesos legales “son complejos” y a menudo se dilatan tanto que pueden producirse errores judiciales o de la Fiscalía que hagan caer el proceso.