La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas condenó el asesinato del periodista Max Rodríguez Palacios y pidió a las autoridades competentes sancionar a los culpables.
El comunicador trabajaba para el portal de noticias y denuncias ciudadanas Colectivo Pericú, publicando su columna “Es mi opinión”, y fue privado de la vida en La Paz, Baja California Sur cuando se encontraba con su esposa en un estacionamiento de una tienda comercial.
En ese mismo estado pero en la ciudad de Cabo San Lucas, el pasado 28 de marzo el periodista Julio Omar Gómez, quien está incorporado al Mecanismo, sufrió un atentado en el que fue asesinado uno de los escoltas que lo resguardaba.
El Mecanismo está en contacto con el Colectivo Pericú y otras personas cercanas al periodista para ofrecerles protección. Con éste suman ya cuatro homicidios en lo que va del año, en contra de comunicadores en el país.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, estableció comunicación con el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, para manifestarle la importancia de dar con los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.
La PGR, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y de su delegación en el estado, inició carpetas de investigación y se encuentra trabajando en colaboración con la Fiscalía de Baja California Sur.
La Junta de Gobierno del Mecanismo reconoció la fundamental labor que realizan periodistas y defensoras/es de derechos humanos para consolidar un Estado democrático de Derecho.
Por ello, reiteró a las entidades federativas la necesidad de reforzar acciones conjuntas con este Mecanismo de prevención de agresiones y protección para garantizar su vida, integridad, seguridad y libertad.
En la Junta de Gobierno del Mecanismo participan representantes de las Secretarias de Gobernación (Segob), la cual preside, de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República (PGR).
Asimismo, un representante de la Secretaría de Seguridad Púbica, uno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuatro del Consejo Consultivo (sociedad civil): dos periodistas y dos personas defensoras.