Un grupo civil conformado por abogados ingresó esta semana una denuncia para exigir una investigación federal en torno a las más de mil quejas de abuso sexual contra inmigrantes, registradas entre 2014 y 2016, en centros de detención en Estados Unidos.
Llamado Iniciativas Comunitarias para Visitar a los Inmigrantes en Confinamiento (CIVIC), el organismo solicitó que las al menos mil 016 denuncias recibidas por autoridades federales entre mayo de 2014 y julio de 2016 sean investigadas a fondo y que sus conclusiones sean reveladas al público.
De acuerdo con CIVIC, estas denuncias revelan “la prevalencia de reportes de abuso sexual, asalto y acoso en los centros estadunidenses de detención de inmigrantes y la falta de una investigación gubernamental adecuada sobre estos informes”.
Con base en datos obtenidos mediante solicitudes de información del gobierno, la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió más de una denuncia de abuso sexual todos los días en ese periodo de más de dos años de parte de inmigrantes detenidos.
Los datos evaluados por CIVIC encontraron que la OIG investigó sólo 24 de esas quejas, o el 2.4 por ciento de las mil 016 denuncias recibidas por las autoridades.
CIVIC determinó además que se presentaron más quejas contra la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que contra cualquier otra dependencias del DHS.
Además de las mil 016 denuncias de abusos y agresiones sexuales denunciadas por personas detenidas, hubo 402 denuncias de “contacto sexual forzado”, 196 denuncias de “acoso sexual” y 380 denuncias de “abuso físico o sexual” presentadas contra ICE.
Rebecca Merton, coordinadora de programas de la red nacional de visitas de CIVIC, expresó que “los datos son particularmente inquietantes dado que se sabe que la violación y la agresión sexual son muy poco documentadas en los centros de detención de inmigración”.
Este bajo porcentaje de denuncias se debe a que los migrantes abusados temen “represalias, aislamiento social y las barreras del idioma”, además de que saben que sus “denuncias no son investigadas seriamente”, resaltó Merton.
Asimismo, de acuerdo con los datos de las llamadas efectuadas a la línea de información y de reportes de detención de ICE entre octubre de 2012 y marzo de 2016, el mayor número de incidentes de abuso sexual o físico provinieron sólo de cinco centros de detención, todos ellos privados.
Estas instalaciones son: Centro Jena-LaSalle; Centro de Detención de Houston; Centro Correccional de Adelanto; Centro de Detención del Noroeste; y Centro de San Diego.
“Si el gobierno de (Donald) Trump toma en serio la información y la prevención de las agresiones sexuales, entonces puede comenzar a adherirse a una política de tolerancia cero del abuso sexual en la detención de inmigrantes”, dijo Christina Fialho, abogada cofundadora de CIVIC.
Fialho añadió que si el DHS es incapaz o no está dispuesto a garantizar cero abusos sexuales en la detención de inmigrantes, entonces el Congreso debería retirar el financiamiento a la detención de inmigrantes y cerrar todas las instalaciones.
CIVIC presentó la denuncia a nombre de 27 personas, incluyendo ocho demandantes en una acción legal de grupo, aún en detención o liberados, y que han experimentado abuso sexual.
Una de las denunciantes es identificada como Rosanna Santos, acosada sexualmente por un funcionario del centro de detención del condado de York, en el estado de Pensilvania, quien la amenazó con sodomizarla si ella no accedía a sus propuestas.
Tras presentar una queja sobre el incidente, Santos fue inexplicablemente colocada en una celda aislada durante 11 días.
“Muchas mujeres tenían problemas como éste. La mayoría de ellas ni siquiera se queja o dice nada por miedo a represalias. Desde mi queja, no ha pasado nada. Es como si quisieran callarme”, explicó Santos.
aarl