PUEBLA. Tratar a una persona con inferioridad, apartarla de la mayoría por motivos raciales, religiosos, políticos, económicos o preferencias sexuales es discriminación; una acción que en México es reiterada y que representa una constate violación a los derechos humanos de las personas.
En México, las mujeres transexuales son las que viven mayor nivel de desigualdad, son más discriminadas y ello conlleva que su calidad de vida sea ínfima porque están más expuestas a la pobreza, a problemas de salud, a no permitirles el acceso a la educación, reveló Brahim Zamora Salazar.
El director de Comunicación, Planeación y Capacitación del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) comentó que esos son los resultados que arrojó la Encuesta Nacional que realiza el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), mismo que se realiza cada cinco años.
En entrevista con Notimex abundó que en materia laboral las mujeres transexuales están confinadas a sectores como la peluquería, la estética, al show travesti, a la prostitución y trabajo sexual; porque la misma sociedad las orilla a desempeñarse en esos espacios cuando pueden desarrollarse profesionalmente en otras áreas como las ciencias.
Por si eso fuera poco, las mujeres transexuales en México es una población que presenta las tasas más altas de prevalencia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), de manera que el promedio de vida de una mujer transexual en México es de 37 a 40 años; cuando en este país, la población tiene un promedio de vida de 100 años.
El activista apuntó que si bien la Ciudad de México ha dado muestra de ser una ciudad de avanzada en materia de derechos humanos, en el resto del país es poco el trabajo que se ha hecho para prevenir y contrarrestar los actos de discriminación.
Al respecto, citó el estado de Puebla, donde refirió que las poblaciones más discriminadas y que así se perciben es la población Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT); seguida por la población indígena, minorías religiosas, y las personas con diversidad funcional o discapacidad.
“La discriminación en Puebla se da por prejuicios, por ambientes familiares, por cómo se viven ciertos valores en la sociedad poblana, tiene que ver con cómo se transmiten esos valores, por las prácticas en las escuelas, y el ambiente laboral.
“La discriminación es un tema que nos afecta a todos. No es que haya un grupo de personas que discriminen a una enorme mayoría, es que nos discriminamos unos a otros, y mientras no entendamos esa dinámica de relacionarnos y poner un alto a esas prácticas, respetar los derechos humanos será más complejo”, alertó.
A través de la asociación civil en la que colabora, Zamora Salazar mencionó que en el caso de la población LGBT han trabajado más en materia de acompañamiento en toda la estrategia jurídica para conseguir el matrimonio igualitario.
También han apoyado a víctimas de discriminación por homofobia en contra de mujeres transgénero, quienes han sido excluidas o relegadas por parte de sus compañeros en instituciones privadas como las universidades y escuelas, y así evitar que se llegue como un tema de queja ante el Conapred.
“El papel de las organizaciones civiles no debería ser el de mediar frente a casos de discriminación. Informar, orientar y prevenir es un trabajo que debe hacer un órgano del Estado”, destacó.
En este sentido, Brahim Zamora subrayó que en Puebla se cuenta con una ley estatal contra la discriminación, y en la cual se establece que el gobierno del estado debe instituir un Comité Estatal contra la Discriminación.
La ley fue aprobada pero a la fecha no se ha creado dicho comité, el cual contribuirá en la resolución de diversos temas, y en la implementación de políticas públicas que darían un combate a la discriminación, no solamente en contra de los miembros de la comunidad LGBT, sino en contra de cualquier persona.
De acuerdo a la Ley, dicho comité debería estar integrado por las secretarías General de Gobierno (SGG), de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), de Desarrollo Social (Sedesol), de Educación Pública (SEP), de Salud (SSEP), y por el Instituto Poblano de las Mujeres; además de tres asientos para representantes de la sociedad civil.
El comité estaría encabezado por un secretario técnico propuesto por el Poder Ejecutivo al propio comité. Este Comité Estatal debe operar a través de diversos subcomités distribuidos en cada una de las dependencias gubernamentales en el estado de Puebla.
El trabajo del organismo estaría encabezado a tareas de prevención y atención a la discriminación, pero también que haya un trabajo profundo en documentación, de conciliación, de similitud de casos, incluso amonestaciones o sanciones a personas que caigan en prácticas discriminatorias entre particulares.
El tema de justicia también tiene una asignatura pendiente con las poblaciones LGBT, en el tema de protocolos, marcos normativos, marcos legislativos y sobre todo el poder judicial.
“También hay que abrir los espacios de participación a las personas transexuales en los partidos políticos, en la toma de decisiones, en el ejercicio sustantivo de la ciudadanía, porque hay una deuda que tiene toda la sociedad frente a esta situación”, insistió tras invitar a la sociedad a colaborar con ellos para garantizar los derechos humanos de las minorías.
“Lo que buscamos es que se formulen políticas públicas y acciones de gobierno, marcos normativos que realmente protejan los derechos humanos, en específico los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las mujeres y el derecho a la salud”, acotó.
JMS