Justo el fin de semana en que fue capturado el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en Guatemala, un grupo especial de la Procuraduría General de la República fue notificado por la Interpol de Estados Unidos de la ubicación exacta de otro ex gobernador también de apellido Duarte.
Ante dicha noticia se pidió seguimiento e identificación clara del objetivo; la sorpresa fue que los agentes estadounidenses enviaron fotografías y datos precisos. En efecto, se trataba de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua y sobre quien también pesa una orden de aprehensión por un delito no grave.
La instrucción fue no detenerlo en ese instante y sólo continuar con el seguimiento de su paradero, la sorpresa de los agentes estadounidenses fue mayúscula, pues pensaron que al existir una solicitud de ficha roja ante la Interpol, se trataba por tanto de un objetivo importante para México.
La explicación que se dio a los agentes es que faltaban distintos elementos jurídicos para poder coordinar una solicitud formal de detención con fines de extradición y que, además, faltaban por resolverse al menos dos asuntos federales que podrían asegurar el éxito de una buena extradición.
Lo cierto es que César Duarte continúa siendo vigilado, y por los datos que tiene la PGR no tardará en ser detenido. Las autoridades tratan de adelantar sus investigaciones y en el momento de detenerlo, sumar más casos en su contra, principalmente delitos graves por los cuales ante el nuevo sistema de justicia en México no pueda solicitar una fianza.
En otros procesos…
De quien no tienen datos de su paradero es del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, acusado por el Gobierno de Estados Unidos de haber lavado alrededor de 30 millones de dólares.
Y es que la DEA ha solicitado a las autoridades mexicanas su apoyo, pues ante la captura de Tomás Yarrington también requieren procesar a Eugenio Hernández, más ahora que ya cuenta con dos órdenes de aprehensión en dicho país.
Lo que ha molestado a las autoridades estadounidenses es que la PGR no ha interrogado a los tres escoltas que hasta octubre pasado daban protección al ex gobernador aún prófugo de la justicia.
La PGR cuenta con una denuncia formal por parte de la Procuraduría de Tamaulipas sobre el uso de, al menos, ocho escoltas que por órdenes del ex gobernador Egidio Torre brindaban protección tanto a Yarrington como a Hernández.
Sobre los escoltas que cuidaban a los ex mandatarios, la PGR no se ha pronunciado sobre la responsabilidad que pudieran tener los ex servidores públicos de Tamaulipas que firmaron la orden de protección.
A Eugenio Hernández, el gobierno mexicano no ha querido investigarlo, pese a que en Estados Unidos, desde 2015, se le han comprobado sus nexos con los Zetas; incluso en ese año se le aseguraron en dicho país siete propiedades. A la fecha, las autoridades mexicanas argumentan que no han recibido ninguna solicitud de detención provisional.
El indebido proceso
La defensa del ex gobernador Javier Duarte intentará demostrar que jurídicamente está mal planteado el delito de delincuencia organizada contra su cliente.
Durante el proceso de extradición que enfrentará desde Guatemala, la defensa aprovechará para echar atrás el único delito grave que hay en su contra y con ello lograr que enfrente el resto de los procesos en libertad.
Habrá que analizar qué tanto afectaría el caso si la defensa de Javier Duarte logra demostrar que no hay similitud entre el delito de delincuencia organizada que se persigue en Guatemala y la modalidad por la que se le intenta fincar responsabilidad en México al ex gobernador.