Los dueños de las empresa Grupo Industrial y Constructor (Benito Adolfo Tagle Rodríguez y María Luisa Tagle Jiménez), que compró al gobierno de César Duarte terrenos en 99 millones de pesos cuando su precio real era de mil millones, tramitaron amparos el 3 de abril pasado para evitar su aprehensión.
Aunque la compañía está radicada en Aguascalientes, los recursos legales fueron concedidos por juzgados federales de Chihuahua, con un costo de tres mil pesos, bajo las causas 575/2017 y 576/2017.
Los instrumentos judiciales fueron tramitados cinco días después de que a Ricardo Yañez y Javier Garfio, ex comisionado de Vivienda y ex secretario de Obras Públicas, respectivamente, les dictaron prisión preventiva por la venta irregular de reserva territorial de Chihuahua.
24 HORAS publicó que César Duarte vendió a un precio 15 veces menor dos predios de reserva territorial: la Haciendita y Labor de Terrazas, por un total de 130 millones de pesos.
Sin embargo, esos lotes cuestan dos mil millones de pesos al precio actual y en los terrenos se construyen plazas comerciales y zonas residenciales.
Aunque el remate de dichos predios se realizó en 2012, fue en el Gobierno de Javier Corral cuando se denunció el hecho, que involucran directamente al ex mandatario Duarte Jáquez porque, como presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión de Vivienda, firmó el acuerdo para la venta de La Haciendita y Labor de Terrazas.
Por ello, Benito Adolfo Tagle Rodríguez y María Luisa Tagle Jiménez compradores del predio Labor de Terrazas, tramitaron un amparo para evitar su captura en caso de que se gire una orden de aprehensión en su contra por la compra del predio al gobierno de César Duarte.
Según información recabada por este diario, los recursos fueron solicitados en los juzgados federales segundo y décimo de distrito de Chihuahua, y la suspensión provisional de la orden de aprehensión, en caso de existir, se otorgó el 4 de abril pasado.
Malos antecedentes
Grupo Industrial y Constructor se fundó en 2008, tiene domicilio legal en Aguascalientes y actualmente es contratista del Gobierno estatal, aunque en 2012 se vio envuelta en un caso de conflicto de interés.
En ese año, cuando compró por 99 millones el lote de Chihuahua, la Auditoría Superior de Aguascalientes descubrió que vendió a ese municipio chalecos antibalas y despensas, a pesar de que María del Socorro Tagle Jiménez era secretaría de Administración del ayuntamiento, es decir, la encargada de asignar contratos en Aguascalientes dio a su propia hermana contratos por más de 50 millones de pesos.