Senadores del PRI y PVEM, presentaron una propuesta para regular la clasificación de los videojuegos y establecer un control para que niños y adolescentes accedan a estas herramientas.

 

Los senadores Carlos Alberto Puente Salas y Cristina Díaz Salazar, de los grupos parlamentarios del PVEM y PRI, respectivamente, consideraron necesario una regulación ante el contenido violento, que en ocasiones se combinan con situaciones de discriminación sexual y racial, tortura o xenofobia, violencia, que tienen algunos juegos.

 

El senador Puente Salas consideró que los videojuegos ofrecen la oportunidad de transgredir normas, reglas y valores, que en un contexto real no serían ni siquiera cuestionados.

 

Advirtió que un estudio realizado por la Universidad de Missouri concluyó que los efectos de los videojuegos violentos eran más dañinos que las películas y programas de televisión violentos, ya que los videojuegos son interactivos y requieren que el jugador se identifique con el agresor.

 

El proyecto de decreto pretende resolver el problema de acceso sin regulación, por parte de niñas, niños y adolescentes a videojuegos de todo tipo y brindar una protección especial y prioritaria a ese grupo social.

 

Se prevé otorgar facultades a la Secretaría de Gobernación (Segob) para expedir lineamientos que establezcan criterios de clasificación de los videojuegos que se distribuyan, comercialicen o arrienden, por cualquier medio; así como para vigilar su cumplimiento.

 

Además, establece que los distribuidores impriman o adhieran en la portada de los videojuegos y en su publicidad la clasificación que corresponda, de acuerdo con los lineamientos expedidos por la Segob y que los comercializadores se abstengan de publicitar, exhibir, vender o arrendar aquellos cuya clasificación no sea visible de acuerdo a los lineamientos.

 

Por otro lado, los comercializadores y arrendadores de videojuegos estarán obligados a exigir a las personas que pretendan adquirir o arrendar videojuegos clasificados como exclusivos para adultos, que acrediten su mayoría de edad, sin lo cual no podrá realizarse la venta o renta.

 

La iniciativa, también propone que los distribuidores, comercializadores y arrendadores de videojuegos, que incumplan con las obligaciones establecidas en la ley y en los lineamientos que expida la dependencia federal serán sancionados en los términos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

 

JMS