Hasta la fecha, sólo la actual administración del gobierno de Chihuahua ha decidido ir tras el ex gobernador César Duarte, mientras que la Procuraduría General de la República mantiene en secreto el número de averiguaciones previas que tiene en su contra.

 
Lo extraño del caso es que la PGR tiene al menos cuatro averiguaciones muy avanzadas con las cuales, a pesar del cúmulo de pruebas, ha decidido seguir esperando en la integración de sus pesquisas. Por ejemplo, en una de las averiguaciones el número de fojas es de 97 mil, en otro expediente ya se superan las 100 mil fojas y aun así no dan señales de que las investigaciones concluyan.

 
Quizás y como se lo comenté hace ocho días, el hecho de no tener concluidas las investigaciones hizo que las autoridades de la PGR decidieran no solicitar la detención de Duarte tras haber sido localizado en Estados Unidos.
Por ejemplo, se supone que el Ministerio Público federal cuenta desde hace varios meses con una denuncia de hechos contra César Duarte por el delito de peculado electoral, al presuntamente haber desviado 79 millones de pesos, producto de la nómina de los empleados estatales a la tesorería del PRI, hechos que ocurrieron en el periodo 2010-2016.

 
Fue en diciembre pasado cuando la secretaria de la Función Pública de Chihuahua, Stefany Olmos Loya, presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR.

 
La prueba principal que presentó fueron diversos documentos que detallaban las retenciones de 5 a 10% del salario de 700 empleados de mandos medios, recurso que se conjuntaba todo en un solo cheque, el cual se cobraba y en efectivo se entregaba a Pedro Mauli Romero Chávez, secretario de Administración y Finanzas del PRI en Chihuahua.

 
De esta averiguación podríamos esperar que en breve la Fepade consigne el caso ante un juez federal, pues ya es buena práctica de dicha dependencia concluir este tipo de denuncias.

 
Pero ésta no es la única investigación que hay contra Duarte en el ámbito federal, ya que la PGR lo investiga por el desvío de recursos federales destinados a Chihuahua y encauzados a una sociedad financiera privada de la que su actual secretario de Hacienda resultó ser abogado y accionista y a la cual se le conoce cómo Unión Progreso. De acuerdo a la denuncia presentada entre 2012 y 2015, César Duarte hizo depósitos por 80 mil millones de pesos.

 

 

Este caso se integra a la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-19, que la PGR integra luego de haber recibido una denuncia en septiembre de 2014 por enriquecimiento ilícito y uso indebido del servicio público.

 
En otros procesos

 
Si bien la joya de la corona en el caso Veracruz era la captura de Javier Duarte, no hay que olvidar que muchos de sus operadores siguen prófugos; al menos existen siete órdenes de aprehensión que no han podido cumplimentarse. Por ejemplo, el principal prestanombres de Duarte, José Mansur, pareciera no tener ni prisa en esconderse, pues la autoridad lo tiene sólo ubicado en Canadá.

 
Ayer, Mexicanos contra la Corrupción señaló que dentro de la red de corrupción de Javier Duarte se encuentran operadores políticos, testaferros y apoderados legales, sin los cuales no hubiera sido posible encubrir el desvío de recursos públicos y hacia una exigencia a la que es difícil no sumarse.

 
Exigir que la PGR solicite a la sección instructora de la Cámara de Diputados el inicio del proceso de desafuero para que los diputados federales Adolfo Mota Hernández (PRI), Noemí Guzmán Lagunes (PRI), Alberto Silva (PRI) y Édgar Spinoso Carrera (PVEM) enfrenten procesos en su contra sin la inmunidad que otorga su calidad de miembros de la Cámara.

 

aarl