Las mujeres que participaron en las barricadas en la autopista Puebla-Orizaba y que fungieron como escudos humanos durante el enfrentamiento entre militares y huachicoleros del 3 de mayo pasado en Palmarito Tochapan, Puebla, habrían recibido como pago 300 pesos por cabeza, por parte de la banda criminal de Antonio el Toñín Martínez, aseguraron fuentes de seguridad del estado.
“Estamos trabajando con policía militar en seis zonas prioritarias (triángulo rojo) Acatzingo, Acajete, Tepeaca, Quecholac, Palmar de Bravo y Tecamachalco”, expresaron a 24 HORAS, y señalaron que las mujeres reciben una suma en cada conato de violencia.
Manifestaron que la presencia de las fuerzas federales ya les pesa a los huachicoleros, por lo que “están buscando una estrategia para poder seguir vendiendo el huachicol (el combustible de baja calidad que roban) porque les está pegando a su economía, entonces lo que están haciendo es poner de barricada a señoras y niños, mientras que ellos (las bandas delincuenciales) disparan desde las azoteas”, expusieron.
Autoridades calculan que, debido a operativos, los huachicoleros han tenido una disminución en sus actividades ilegales de dos millones de litros; considerando que cada litro robado lo ofertan a siete pesos, esto significaría una disminución de 14 millones de pesos en sus ingresos ilícitos en el primer cuatrimestre de este año.
Destacaron que el Toñín “renta” las tomas a los delincuentes locales y “si perforan (un ducto) tiene un precio de alrededor de 50 mil pesos, por lo menos”.
Indicaron que los líderes se vuelven como una especie de Robin Hood y que “el Toñín es como el Chucho el Roto del pueblo; puso una clínica de mastografía que es gratuita, se ha vuelto popular con el robo de hidrocarburos, por lógica la gente necesitada se presta y él abusa de la situación”.
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado informó que un juez de control dictó prisión oficiosa para nueve personas que fueron detenidas durante los enfrentamientos armados y en próximos días se efectuará la audiencia de vinculación a proceso.
Mientras que cuatro menores que participaron fueron canalizados al sistema de justicia para adolescentes.