La exhibición del video en el que se ve a un militar dar el tiro de gracia a un sujeto presuntamente ligado a las bandas de robo de combustible en Puebla, revivió el reclamo de la Secretaría de la Defensa para aprobar una Ley de Seguridad Interior.

 

Desde hace casi dos años, el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ha sostenido encuentros, algunos no muy tersos, con diputados y funcionarios del Gobierno federal para exigirles un marco normativo que dé “certeza jurídica” a los militares que refuerzan la seguridad pública.

 

El video exhibido ayer no es el primero que compromete la imagen de la institución.

 

El 16 de abril de 2016, Cienfuegos se vio obligado a enviar un mensaje a las tropas y mandos de todas las jerarquías y una disculpa a la sociedad, luego de que se diera a conocer un video en el que dos militares agravian a una mujer, en Ajuchitlán del Progreso.

 

Pero el discurso más rudo lo pronunció el 8 de diciembre pasado, cuando hizo una evaluación de los 10 años del Ejército en las calles.

 

Criticó que el Senado no haya impulsado un marco jurídico que dé certeza a la actuación militar; a la Secretaría de Gobernación, “que debería estar empujando esta ley” y a las policías “que no hacen su trabajo”, por lo que debe actuar el Ejército.

 

El video de ayer augura otra crisis de imagen para la Sedena, pero también una crisis de gabinete entre quienes le dan la razón a Cienfuegos y entre quienes creen que una Ley de Seguridad Interior es militarizar al país.

 

Con una multa de 300 millones 183 mil 943 pesos aplicada a la Afore XXI Banorte, por prácticas monopólicas absolutas, parece haber quedado olvidada la afectación que sufrió el patrimonio de miles de trabajadores.

 

 

La investigación, iniciada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en 2015, determinó que la Afore XXI Banorte pactó con Profuturo GNP, Sura y Principal, acuerdos bilaterales para obstaculizar a los trabajadores el traspaso o cambio de administradora.

 

Lo grave del asunto es que desde la Consar, que dirige Carlos Ramírez, no sólo no se detectó el convenio ilegal, sino que se les facilitó al modificarse las reglas operativas a fin de que las administradoras que así lo quisieran, pidieran a sus clientes “un permiso’’ para cambiar de Afore.

 

Ramírez fue ejecutivo de Banorte, ¿no representa eso un conflicto de interés? ¿Todo quedará en una multa?

 

Apenas concluyan las elecciones del 4 de junio próximo, un importante grupo de consejeros panistas empujarán una propuesta para que la Comisión Permanente de su partido defina, de una vez por todas, cuál será el método que se utilizará para la elección del candidato presidencial.

 

Ya se sabe que puede ser por designación o por votación de la militancia.

 

Pero mientras el método no esté definido, no habrá piso parejo para los que aspiran a la candidatura.

 

¿Qué método beneficia a quién? Haga sus apuestas.

 

aarl