Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara la prisión preventiva hasta por cinco meses a adolescentes acusados de delitos graves que marca la Ley Nacional de Justicia Adolescente, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Juan Martín Pérez García, aseveró que esta decisión viola el espíritu de la Constitución y los estándares internacionales al omitir que los menores de edad involucrados en el crimen organizado también son víctimas.
“Ese concepto (la prisión preventiva a adolescentes) era una violación a la Constitución, pero la Suprema Corte en lugar de corregir el error también debió rechazarlo, (pero) lo avaló”, aseguró el especialista en temas de la infancia y adolescencia.
Pérez García explicó que también hay una violación a las recomendaciones internacionales hechas al Estado mexicano, donde se señala el contexto de reclutamiento forzado de crimen organizado de adolescentes.
“(La Suprema Corte) no está reconociendo el reclutamiento forzado que hay en el país. Ya el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2011 y 2015 le dijo al Estado mexicano que debe de reconocer la existencia de reclutamiento forzado”, dijo.
Para el director de la REDIM, en lugar de la prisión preventiva se debe de fomentar medidas cautelares de reinserción social de tipo socioeducativas.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la prisión para los adolescentes que están en proceso judicial es más perjudicial, pues ocho de cada 10 adolescentes que son privados de su libertad reinciden, porcentaje que disminuye respecto a quienes reciben medidas socioeducativas en libertad, pues baja a 10%.
En dos años, disminuye 21% los adolescentes detenidos
Entre 2014 y 2016, el número de adolescentes detenidos por algún delito pasó de 16 mil 885 a 13 mil 327, es decir, disminuyó 21% en esos dos años, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Ello significa que entre 2014 y 2016, hubo una disminución de 21% en la población de adolescentes en conflicto con la ley, lo que posiblemente se explique por la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio”, se indica en el informe especial “Adolescentes: vulnerabilidad y violencia”.
De los 13 mil 327 adolescentes detenidos por violar alguna ley en 2016, tres mil 761, es decir 28%, se hallaba privado de su libertad por cometer delitos graves en alguno de los 54 centros para internamiento que hay en el país.
En breve habrá otro cambio en los procesos judiciales de los menores de edad. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló las figuras de internamiento preventivo y prisión domiciliaria hasta por cinco meses, que marca la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Con la resolución de la Suprema Corte, se abre la posibilidad de que los adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años acusados de delitos graves puedan ser ingresados a algún centro de internamiento en lo que avanza su proceso judicial.
Para realizar su informe, la CNDH no visitó los 54 centros de internamiento para adolescentes que hay en el país, sino efectuó una muestra representativa. En el caso de la Ciudad de México acudió a dos de las cuatro instituciones que hay en la capital, donde se encontraban 184 de los 223 detenidos por delitos graves registrados en 2016.
Los lugares visitados fueron la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes de la Ciudad de México para varones (San Fernando) y la Comunidad de Mujeres. Según el registro, en ambas instituciones hay 110 chicos recluidos por robo con violencia, 51 por homicidio, 11 por secuestro, dos por delitos contra la salud, tres por violación (todos hombres) y siete por tentativa de homicidio.
La Comisión también visitó la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes “Quinta del Bosque” de Zinacantepec, Estado de México. Con 341 internos por delitos graves, destaca que hay 15 detenidos por delincuencia organizada, 53 por homicidio y 69 por secuestro, entre otros.
aarl