Diversas organizaciones han insistido que no debe aprobarse una Ley de Seguridad Interna bajo el argumento de que necesitamos que las autoridades civiles sean capaces de solucionar la crisis de inseguridad y de que sean éstas las encargadas de construir policías confiables y con capacidad preventiva.
Estas organizaciones exponen, y lo hacen bien, que las tareas de seguridad pública no son propias de la autoridad militar y ponen como ejemplo lo expresado por diversos organismos internacionales.
Argumentan que la creación de la Ley de Seguridad Interna no solucionará los problemas de seguridad pública y de procuración de justicia y, a su vez, proponen trazar un plan de regreso escalonado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles.
Los argumentos que dan dichas organizaciones tienen muchas verdades; por ejemplo, es cierto que los militares no deben ser los responsables de resolver el problema de la inseguridad, ya que para ello se debe trabajar en los tres niveles de gobierno y garantizar que municipios y estados cuentan con policías confiables.
También es cierto que las tareas de seguridad pública no son propias de las autoridades militares ni deben serlo. Pero en lo que no coincido con las organizaciones es que una Ley de Seguridad Interna no serviría.
Si somos realistas, las Fuerzas Armadas no saldrán en lo inmediato de diversos estados, y no saldrán porque no contamos con instituciones de seguridad confiables, no contamos en muchos estados con policías capacitados o con Ministerios Públicos que integren bien sus investigaciones.
En tanto se trabaja en ello; es urgente tener una Ley de Seguridad Interna que regule las acciones de los militares y que también dicha regulación les garantice que el trabajo que hacen tiene efectos.
Y es que existen casos en donde los militares son testigos de actos delictivos en flagrancia, detienen a los responsables y evitan conflictos mayores, pero la mala noticia es que al no tener facultades de seguridad ni ley que los regule, muchos delincuentes han salido en libertad.
Una ley de seguridad también podría servir para regular la actuación de los militares en eventos como el que vimos en la comunidad de Palmarito, Puebla. Ayudará a que no modifiquen o alteren la escena de los hechos como observamos en el video en donde levantan casquillos, mueven cuerpos, autos y cámaras.
Y más aún se requiere una Ley de Seguridad Interna que no militarice, sino que ponga de manifiesto que parte de la regulación de los militares deberá ser el respeto a los derechos humanos.
Las organizaciones coinciden en que las Fuerzas Armadas deben de intervenir en operativos, pero que en esos casos deben ir aparejadas con una normatividad de uso de la fuerza, armamento y rendición de cuentas, apropiada para las tareas de seguridad pública. Y eso es justo lo que deberíamos pelear que se incluya en una ley de seguridad.
Por ejemplo, en la iniciativa del senador Miguel Barbosa se expone que cuando las corporaciones policiacas-federales, de una entidad federativa o municipio respectivo y así se determine por el diagnóstico que realice el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, no cuenten con las capacidades institucionales para enfrentar la amenaza que representan las actividades delictivas referidas, de manera subsidiaria el Ejecutivo federal podrá determinar la actuación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las labores de seguridad pública.
Es urgente el debate, ponerse de acuerdo y crear una ley de seguridad y en ella incluir que cuando operan las fuerzas militares deberán someter su actuación, en todo momento y sin excepción, a los protocolos vigentes emitidos por las autoridades civiles correspondientes en materias de preservación irrestricta de los derechos humanos, uso de la fuerza y uso de medidas especiales de investigación.
En otros procesos
Habrá que estar pendientes esta semana con cualquier acción penal o investigación sobre el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.
(@osdtagle)