Las revelaciones de que el presidente Michel Temer habría apoyado la compra del silencio de un parlamentario condenado por corrupción y, además, habría participado en una trama para recibir propina a cambio de favores políticos a la empresa cárnica JBS, colocaron de nuevo a Brasil en la antesala de un terremoto que puede provocar un nuevo cambio abrupto de gobierno.

 

El periódico brasileño O Globo publicó la noche de este miércoles lo que los analistas políticos en el país califican ya como una “bomba”: según grabaciones en poder de la Fiscalía, Temer habría dado su visto bueno para que un empresario comprara el silencio del expresidente del Congreso, Eduardo Cunha, hombre clave en el juicio político que provocó la caída de Dilma Rousseff y condenado por corrupción en el marco de la Operación Lava Jato.

 

El diario, que tuvo acceso a información judicial privilegiada, asegura que Temer sugirió a Joesley Batista, dueño de la empresa JBS, la mayor productora de carne del mundo, que continuara pagando propina a Cunha —encarcelado tras ser condenado a 15 años— para que no delatara a la Justicia lo que sabe de la corrupción política en el país.

 

“Tiene que mantener eso, ¿ok?”, habría respondido el jefe del Estado, según una grabación realizada por el propio Batista y que habría entregado a la Fiscalía semanas atrás, reportó O Globo.

 

El empresario también entregó una grabación sonora en la que Temer indicaría a uno de sus colaboradores, el diputado Rodrigo Rocha Loures, para negociar el soborno a pagar por JBS a cambio de que el Gobierno ayudara a la empresa en un contencioso con la estatal Petrobras sobre el precio del suministro de gas.

 

Filmaciones realizadas posteriormente por la policía federal —que habría colaborado con JBS— muestran, según O Globo, a Rocha recibiendo 500 mil reales (156 mil dólares) como primer pago de una propina semanal que debía totalizar, en el plazo de 20 años, 150 millones de dólares, a cambio de la ayuda gubernamental a la empresa.

 

Muestra del enorme potencial desestabilizador que estas revelaciones tienen, las actividades del Senado y del Congreso brasileño fueron paralizadas en cuanto la noticia fue publicada, al final de la tarde del miércoles.

 

La oposición a Temer presentó un pedido de juicio político contra el presidente, mientras el Partido de los Trabajadores (PT), cuya presidenta fue destituida en agosto por ‘impeachment’, dijo que Temer debe renunciar, ser depuesto o convocar elecciones anticipadas.

 

Decenas de manifestantes se congregaron tras la noticia frente al Palacio del Planalto, sede de la Presidencia de Brasil, para exigir la renuncia de Temer, cuya agenda de reformas del sistema de pensiones y laboral queda ahora interrumpida por el escándalo.

 

Temer, en una nota enviada a la prensa, negó las irregularidades y dijo que “nunca solicitó pagos para tener el silencio de Cunha”.

 

“El encuentro con Joesley sucedió a inicios de marzo, en el Palacio de Jaburú (residencia de la vicepresidencia), pero no hubo nada en el diálogo que comprometiese la conducta del presidente de la República”, explicó el texto.

 

Otro de los políticos delatados por el dueño de JBS —que tiene varias empresas en Estados Unidos y exporta carne a un centenar de países— es el senador Aécio Neves, líder de la oposición a Rousseff tras las elecciones de 2014, quien fue acusado de pedir en marzo dos millones de reales (660 mil dólares).

 

Neves, quien llegó al segundo turno de los comicios presidenciales de 2014, habría pedido ese dinero para hacer frente a los costes de abogacía para su defensa por las acusaciones de corrupción en la Lava Jato, y habría usado a su primo, Frederico Pacheco de Medeiros, para recibir el dinero.

 

En recesión económica desde 2015, Brasil vive una crisis política como consecuencia de la Operación Lava Jato, que reveló la compra de políticos, partidos y funcionarios de alto nivel por medio de desvíos desde la estatal petrolera Petrobras.

 

Este nuevo escándalo puede impactar directamente a la continuidad de Temer en el gobierno de Brasil, donde en caso de renuncia del actual presidente, la legislación prevé una elección indirecta realizada por los congresistas.

 

jram