Esta semana me han preguntado mucho ¿por qué habría de ser más importante el homicidio de un periodista que el de un maestro, doctor, albañil o de cualquier otro ciudadano? Mi respuesta ha sido la misma, es igual de importante, causa indignación y lamentablemente tienen el mismo nivel de impunidad.
Al año hay alrededor de 20 mil homicidios en todo el país, más de 95% de esos asesinatos no han sido resueltos por las autoridades estatales ni federales, sus muertes siguen siendo impunes, al igual que la de los casos de periodistas y defensores de derechos humanos que han sido acribillados en los últimos años.
Pero para nosotros los periodistas el homicidio de Javier Valdez Cárdenas, director y fundador del semanario RíoDoce, de Sinaloa, ha significado un parteaguas, un ya basta, un nos están matando a todos.
Javier Valdez nos explicó a muchos, historias y realidades que difícilmente habríamos podido conocer, nos detalló contexto de hechos que las autoridades llegan a investigar, pero que no informan.
El homicidio de Javier nos abrió una puerta para recordarle a todas las autoridades que vivimos en total impunidad, que los asesinos no tienen castigo y que los métodos de investigación y procuración de justicia no nos están funcionando a los ciudadanos, no sólo a los periodistas.
Coincido en la frase que tanto me han dicho, que la muerte de Javier Valdez es una tragedia, pero no porque fuera periodista, sino un gran ser humano, una persona que como muchos no merecía morir a manos del crimen y que no merece que su caso sea una carpeta más de investigación, un expediente que con las semanas y los meses se irá olvidando.
Hace unas semanas escuchaba cómo la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías Guerra, reconocía que había una situación grave para quienes ejercemos la libertad de expresión en México y en especial para los periodistas.
Hace menos de un mes, la funcionaria admitió que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) tenía deficiencias, como la falta de personal y de recursos. Y destacó que desde su creación, en 2010, la FEADLE ha tenido conocimiento de 114 homicidios de periodistas ocurridos desde 2000, hasta febrero pasado, y que de esos casos sólo tres se han resuelto.
Y la pregunta es: ¿por qué si se tenía este análisis, se esperaron a otra muerte más para buscar fortalecer esa fiscalía?, ¿por qué en los meses que lleva al frente de su cargo no hizo algo distinto?
Lo que no dijo es que la FEADLE cuenta con 604 denuncias y sólo tres sentencias, es decir, que cada sentencia nos ha costado a los ciudadanos 14.6 millones de pesos.
Pero mi preocupación es mayor cuando esta misma semana escuché a Ricardo Sánchez, el nuevo fiscal para Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR, decir que la situación que enfrentará y que enfrenta el país “rebasa a la fiscalía”.
Ayer, de manera extraordinaria, el Presidente de México, gobernadores y funcionarios encargados de la seguridad anunciaron diversas medidas para la protección de periodistas; por ejemplo, crear u homologar fiscalías o aéreas especializadas dentro de las procuradurías estatales para la investigación y prevención de delitos cometidos contra periodistas.
Conformar mapas estatales de riesgo y agresión a periodistas y fortalecer el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Pero es importante decir que de poco o nada sirve emitir leyes o crear instituciones con miles o millones de pesos, si no existen la capacidad y voluntad política para lograr cambios sustanciales.
Omar Sánchez de Tagle (@osdtagle)
aarl