Organismos nacionales e internacionales condenaron la ola de violencia que están sufriendo los defensores de derechos humanos en México y exigieron que los asesinatos de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, en Tamaulipas, y de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, en Jalisco, sean castigados por la ley.

 

En primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó justicia para Miriam Rodríguez, activista que, después de que por sus propios medios logró la sentencia de los homicidas de su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, fue asesinada el 10 de mayo, presuntamente por ellos mismos, quienes escaparon el 22 de marzo pasado del penal de Ciudad Victoria.

 

Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada relatora para México, dijo que el asesinato de Rodríguez dejó consternados a todos en la Comisión, pues se sabía de antemano que la activista de derechos humanos estaba en riesgo, ya que en marzo habían escapado los asesinos de su hija, por lo que las autoridades debieron tomar las medidas respectivas.

 

La relatora recordó que el activismo de Miriam surgió en Tamaulipas, un estado particularmente peligroso por el alto índice de desapariciones, y más entre mujeres, como le ocurrió a Alejandra Salinas Rodríguez.

 

Esta no fue la única condena por asesinatos de activistas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato de dos defensores de los pueblos indígenas, los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, ocurrido el fin de semana en el municipio Bolaños, Jalisco.

 

“Esta Comisión Nacional hace un llamado a las autoridades competentes para investigar a fondo los hechos, para dar con los responsables, presentarlos ante la justicia y que reciban la sanción que conforme a derecho corresponda, así como para evitar la repetición de actos de similar naturaleza”, se pronunció el organismo en comunicado.

 

Los hermanos Vázquez Torres eran defensores de los derechos a la tierra y costumbres de las comunidades indígenas, no sólo en Jalisco, sino en otras entidades como Nayarit, donde participaron en procesos legales que permitieron la recuperación de tierras a favor de indígenas.

 

La Fiscalía de Jalisco informó  que se identificó que los presuntos asesinos pertenecen a un grupo delictivo, y hasta el momento no se ha podido detener a ninguno de ellos.

 

La CNDH añadió que ya solicitó al Gobierno de Jalisco medidas cautelares para proteger a los familiares de los hermanos, así como a los indígenas de Bolaños, quienes también estarían amenazados.

 

aarl