Brasilia.- El presidente brasileño, Michel Temer, retiró ayer de las calles de Brasilia las tropas del Ejército que había movilizado ante una masiva protesta que demandó su renuncia, pero la presión por su salida aumenta y aviva una incierta crisis.
La protesta que el miércoles pasado llevó a las calles de Brasilia a unas 50 mil personas acabó con graves disturbios y un ministerio parcialmente incendiado, tras lo cual Temer ordenó a las Fuerzas Armadas que se ocuparan de mantener el orden y la seguridad en la capital.
Sin embargo, menos de 24 horas después de que se apostaran los soldados, y en medio de fuertes críticas que llegaron a asimilar la decisión de Temer con los tiempos de la dictadura, la orden fue revocada y las tropas volvieron a los cuarteles.
El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, explicó que la retirada se decidió una vez que fue comprobado que habían “cesado los actos de depredación y de violencia, con el consecuente restablecimiento de la ley y el orden”.
Más allá del nuevo desgaste que causó la salida de los militares a la calle, Temer sufrió ayer otro revés, dado por el influyente Colegio de Abogados, del que es miembro en su calidad de profesional del derecho, solicitó su destitución.
Los abogados acudieron a la Cámara de Diputados para entregar un nuevo pedido de juicio político contra Temer, que se suma a otros doce ya presentados por fuerzas de la oposición.
La solicitud se fundamenta en graves sospechas que pesan contra de Temer en la Corte Suprema, que le investiga por los supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
La iniciativa de los abogados es similar a la que causó el año pasado la destitución de Dilma Rousseff y que llevó a Temer al poder.
En Argentina, el relator para Brasil de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, aseguró que están “preocupados por lo que está pasando en Brasil”, tanto a nivel político como en las calles, y destacó que se deben garantizarse los derechos democráticos.
CRISIS
– Un operativo de la Policía Militarizada de Pará (norte de Brasil) dejó, al menos, 10 muertos, el pasado miércoles. La autoridad informó que se buscaba cumplir una orden de aprehensión, pero la Comisión Pastoral de la Tierra aseguró que fue un desalojo.
– Más de 90 presos huyeron por un túnel mayor a los 30 metros de extensión en una cárcel del estado de Río Grande do Norte, en el noreste de Brasil, informaron autoridades penitenciarias.
aarl