Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) renunciaron a que no quieren avalar el desaseo con el que la Junta de Gobierno y el Instituto están trabajando y llevando a cabo la renovación de los Consejos y el propio Instituto.
En conferencia de prensa, en voz de la activista y ex presidenta del Consejo Consultivo, Estela Casados González, dieron a conocer que insistían en el llamado a la administración estatal para que tuviera la voluntad de hacer la diferencia, pues en lo que va de este año el número de feminicidios y asesinatos de mujeres ya se acerca a los 100 casos sin respuesta.
A seis meses de la entrada de la actual administración y del nombramiento de la encargada de despacho del Instituto, Sara Gabriela Palacios Hernández, no se provee de información que les permite llevar a cabo las funciones como Consejo, ni se les ha dado acceso a cuestiones informativas como proyectos, programas y acciones.
Dijeron que pese a que en varias ocasiones se ha solicitado por escrito reuniones con la encargada de despacho, estas no se han concretado, pues simplemente no llegó o de último momento avisó de su inasistencia.
También acusaron que, en un intento por denostar a las Consejeras Consultivas, se filtró información dolosa y falsa, poniendo en entredicho incluso el trabajo de las Contralorías a nivel federal, además de que se trató de afectar el trabajo de las mujeres de la sociedad civil a través de estas filtraciones.
“No deseamos continuar avalando con nuestra presencia el desaseo con el que se está conformando esta nueva etapa del IVM, renunciamos porque no deseamos legitimar a un Instituto que ya perdió su objetivo” expresaron.
Al cuestionarlas sobre si con esta renuncia de la mayoría de las Integrantes del Consejo Consultivo no dejan en el desamparo a las mujeres, respondió que “ya están” pues consideran que “hay nula disposición de la administración estatal y del Instituto para hacer su trabajo e ir más allá de las labores solo de apariencia”.
Agregaron que en la Administración Estatal no se permiten escuchar las voces de las consejeras que forman parte de la sociedad civil, que conocen la situación que están enfrentando las mujeres y que plantean políticas públicas de género.
Desde la Junta de Gobierno y en particular desde la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, explicó la ahora ex integrante del Consejo, Monserrat Díaz, que se ha orquestado una mecánica para desdeñar y anular las posibilidades de participación de las mujeres de la sociedad civil en la toma de decisiones del Instituto.
Por ello insistió en que con esta salida de once Consejeras, cuatro de ellas en segundo periodo, se concreta la desarticulación de los órganos ciudadanos del Instituto, misma que fue un intento de la actual administración desde su llegada.
Agregó Monserrat Díaz que “con nuestra salida no se podrá nombrar a una nueva directora, hasta que se regularice la situación”, por lo que hizo un llamado a que se concrete un trabajo apegado a la legalidad, pues este nombramiento debe estar propuesto por la sociedad civil.