La eventual implementación de una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de México implicaría importantes retos legales y operativos para el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado denominado “Segunda vuelta: implicaciones de una posible implementación en México”, indica lo anterior y señala que desde 2012 en el Congreso se han presentado 14 iniciativas para incorporar la figura de la segunda vuelta electoral.
Este es un método de elección que implica que los dos candidatos que recibieron más sufragios en una primera ronda vuelvan a ser votados en una segunda, para elegir al candidato a ocupar el puesto de elección popular.
Sin embargo, plantea que si un candidato obtiene más de 50 por ciento de la votación entonces no será necesario realizar una segunda vuelta.
En las iniciativas presentadas sus promotores argumentan que la segunda vuelta generaría mayorías electorales y un ganador con más consenso; además lograría ampliar la participación democrática, propiciar coaliciones de gobierno y reducir la conflictividad política poselectoral.
El estudio asentó que el sistema electoral mexicano es más complejo que en otros países, en cuanto a fiscalización, organización, reglamentación, procesos jurisdiccionales y calidad de materiales para la jornada electoral.
“Esto se debe a que las reformas electorales de los últimos años han privilegiado elementos de seguridad y certidumbre para garantizar la confiabilidad y equidad de las elecciones mexicanas”.
El Instituto Belisario Domínguez señaló así que un escenario de implementación de la segunda vuelta para la elección presidencial en México hace indispensable revisar las condiciones en términos presupuestales, legales y temporales.
otm