Tres estados elegirán gobernador el próximo domingo. Pronto habrá entonces tres ex gobernadores cuya gestión será, en el mejor de los casos, objeto de análisis y evaluaciones exhaustivas. Los mandatarios entrantes tienden a descargar presión resaltando los errores y omisiones de sus antecesores. En caso de que la alternancia partidista aparezca en alguna entidad, habrá presión para investigarlos y, en su caso, llevarlos ante la justicia. Es lo de hoy.
Destaca entre ellos el caso del todavía gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Autodefinido en su momento como integrante de la “nueva generación priista” -ésa que ha transitado por el devenir político con pena y sin gloria- dejará el gobierno con varias cuentas pendientes y con severas acusaciones por enfrentar.

 
Una de las mayores promesas de campaña de Sandoval fue la construcción del Canal Centenario -que contaría con respaldo federal- y que permitiría implementar un sistema de riego para decenas de miles de hectáreas y duplicaría la producción en las parcelas de cuatro municipios, lo que “cambiaría la pobreza por la riqueza”, según su lema de campaña. Casi seis años después, la obra presenta un avance de menos de 11%. Si bien es cierto que parte de la responsabilidad del atraso corresponde al Gobierno de la República, la torpeza en gestiones, cálculos, trámites, manifestaciones de impacto ambiental, entre otras inconsistencias, resulta en una obra apenas comenzada y detenida, a semanas de que uno de sus principales promotores deje el cargo.

 
Pero más allá de sus promesas incumplidas, Sandoval podría ser el siguiente ex mandatario sobre quien recaigan acusaciones directas relacionadas con el crimen organizado. Uno de sus más cercanos funcionarios -y a quien el propio gobernador presumía como uno de los mejores-, el ex fiscal estatal Edgar Veytia, está preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico. Es posible pensar incluso que la detención de Veytia en San Diego, California, en un evento que parece inverosímil, haya sido una entrega pactada a cambio de protección al no poder cumplir con los compromisos que los cárteles le exigían. Hoy se sabe que Nayarit se ha convertido en un refugio de grupos de narcotraficantes.

 
Cuesta trabajo pensar que el gobernador no estuviera al tanto de la forma en que operaba uno de sus funcionarios de mayor confianza, pero eso lo determinarán las instituciones judiciales. Lo cierto es que las encuestas dan ventaja a la oposición en Nayarit, y el futuro de Roberto Sandoval es cada vez más brumoso.

 
AMLO y su ultimátum
Fiel a su estilo -que se ha exacerbado-, Andrés Manuel López Obrador puso ayer un “ultimátum” al PRD para que Juan Zepeda, su candidato al Gobierno del Estado de México, decline en favor de Delfina Gómez, candidata de Morena. Tal parece que AMLO sigue pensando que puede poner ultimatos como si la izquierda y la oposición le pertenecieran. Por cierto, hace algunos días, López Obrador calificó a Zepeda como un “vulgar ambicioso”. Supongo que, desde su perspectiva, el ultimátum fue un “amoroso llamado a recapacitar”.
Zambrano, ¿por la Jefatura de Gobierno?
Con la creación de un “frente democrático progresista”, anunciado por los dirigentes del PAN y PRD, surge una fuerza que podría modificar de manera importante el panorama político para la capital del país. Jesús Zambrano, ex presidente del PRD y uno de sus principales nombres, no ve con malos ojos la creación de esta sinergia partidista, y podría convertirse en una figura con el liderazgo, la influencia y el peso político para abanderarla. Ante un blanquiazul desdibujado en la Ciudad de México, el perredista podría ser quien haga frente a lo que pareciera un triunfo cantado para Morena.