SANTO DOMINGO.- Una decena de políticos y empresarios, entre ellos el ministro de Industria y Comercio y el presidente del principal partido de oposición, fueron detenidos ayer en República Dominicana por su presunta implicación en los sobornos que la empresa Odebrecht pagó para la concesión de obras públicas.
La Procuraduría informó que hay un total de 14 involucrados, de los que 10 ya fueron detenidos, y en el caso de los legisladores implicados, dos de ellos del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, se ha pedido que se levante la inmunidad parlamentaria para ser arrestados.
Entre los detenidos figuran el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, quien en una carta dirigida al presidente Danilo Medina puso su cargo a disposición y defendió su inocencia.
Las detenciones se producen cinco meses después de que estallará el escándalo de Odebrecth, que admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014, período que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como los de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del PLD.
En abril pasado, un juez validó un acuerdo entre la Procuraduría y Odebrecht, que deberá pagar 184 millones de dólares, a cambio de revelar los nombres de los beneficiados, y así sus empleados no serán enjuiciados en este país caribeño.
Gracias a este acuerdo, el pasado 18 de mayo la Procuraduría recibió los datos de las autoridades brasileñas sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país.
En una comparecencia ante la prensa, en la que no admitió preguntas, el procurador dominicano, Jean Alain Rodríguez, aseguró que los 14 involucrados “son todos los que son y están todos los que están” en los informes que se han recibido desde Brasil.
El procurador dominicano adelantó que el Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión preventiva contra los implicados, pero aclaró que “a partir de ahora está en manos de los jueces aceptar o rechazar” esta solicitud.
“Cada una de estas personas están siendo sometidas a la Justicia con expedientes sólidos y bien instrumentados por haber cometido, presuntamente, y en mayor o menor gravedad, todos o algunos de los delitos de soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos”, afirmó.
También aclaró que no todos los detenidos cometieron los mismos delitos ni tampoco en el mismo tiempo y que el proceso judicial deberá ser conocido por la Suprema Corte de Justicia debido a que algunos de los imputados son congresistas y, además, hay un ministro.
Rodríguez añadió que se trata de un caso complejo por la gran cantidad de contratos, ya que Odebrecth ejecutó 17 obras en el país durante 13 años.
Acusados
– El ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás.
– El presidente del PRM, Andrés Bautista; el ex ministro de Obras Publicas, Víctor Díaz Rúa; el ex diputado Ruddy González, varios ex directivos de empresas estatales.
– El representante comercial de Odebrech en el país, Ángel Rondón, señalado como la persona que recibió y distribuyó los 92 millones de dólares que la empresa pagó en sobornos.
– Los legisladores Julio César Valentín, Tommy Galán y Alfredo Pacheco.
– El ingeniero Bernardo Castellanos de Moya, se encuentra en Panamá, por lo que la Procuraduría informó a la Interpol para su detención
Mantienen polémica en Argentina
El escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, que asumió el pago de 35 millones de dólares en sobornos en Argentina, ha mantenido confrontado al presidente Mauricio Macri y su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner, quienes se han lanzado acusaciones sobre el caso.
En tanto, el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, confirmó que esta semana enviará a su par argentina, Alejandra Gils Carbó, los datos de la cadena de corrupción que ya fueron aportados por directivos “arrepentidos”.
El funcionario advirtió en una carta que los datos no pueden ser revelados públicamente para evitar que se entorpezcan las investigaciones.
Sin embargo, el gobierno macrista quiere que toda la información sea pública y desconfía de Gils Carbó, a quien Macri ha intentado destituir de su cargo como procuradora desde que él asumió como presidente porque la considera una “militante kirchnerista” que sólo quiere afectar su gestión.