La Fiscalía de Chihuahua cuenta con al menos 20 testigos protegidos que brindan información sobre las prácticas presuntamente irregulares que cometía César Duarte, el ex gobernador saliente, como el pago de “moches” a empresarios y políticos y la apertura de una nómina secreta.
Se trata de personas que incurrieron en un ilícito, pero que colaboran con las autoridades, con el fin de evitar la cárcel cuando llegue el momento o aminorar su sentencia, revelaron fuentes de la Fiscalía consultadas por 24 HORAS.
“Estos personajes están monitoreados, ya que los testigos protegidos, cuando llegue el momento de realizarse el juicio, van a tener que comparecer y declarar”, explicaron.
Dichas personas se acercaron a la autoridad y “se están acogiendo a un criterio de oportunidad. Por ejemplo, si tuvieron alguna participación y están ayudando tienen que ser acreedores a algún beneficio, una opción es no estar en un Centro de Readaptación Social”.
Para las autoridades, es preferible brindar beneficios legales a los declarantes para ampliar la investigación por peculado contra Duarte, quien es buscado por la Interpol.
Incluso, el 15 de mayo pasado, Javier Corral, gobernador actual de Chihuahua, informó que la colaboración de ex funcionarios de la administración de Duarte (que ahora fungen como testigos protegidos) permitieron al Gobierno conocer dónde se guardaban los documentos de una nómina secreta que supuestamente servía para financiar actividades político-electorales.
¿Dónde está el priista?
Hace dos meses, el 28 de marzo pasado, Corral dio a conocer que el ex gobernador se encuentra en calidad de prófugo de la justicia y que se comenzó una estrategia para atrapar a toda una red de corrupción política.
En dicho mes se le vio en Texas, Estados Unidos, y desde entonces no ha tenido nuevas apariciones públicas.
Duarte ingresó al país vecino con una visa de turista y realizó una solicitud de residencia permanente para el ramo de negocios, cuyo estatus se desconoce, así como de la solicitud de detención con fines de extradición, la cual aún no habría sido solicitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), según otras fuentes consultadas.
Detallaron que podría ser una estrategia del Gobierno federal esperar que las autoridades migratorias del país vecino le nieguen a Duarte la visa de inversionista para poder deportarlo de lo contrario el proceso (de extradición) podría tardar un año.
Sobre la solicitud de extradición de César Duarte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos declinó comentar información alguna.
Con información de Gregorio Meráz