Autoridades de México y Costa Rica lograron la detención de 11 presuntos miembros de una organización trasnacional dedicada a la trata de personas, corrupción de menores y pornografía infantil, informó hoy la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía mexicana).
La PGR indicó en un boletín que la investigación se inició por una denuncia efectuada a través de Interpol México por la Oficina Central Nacional de Costa Rica, que refería la existencia de una organización criminal dedicada a comercializar a través de internet material pornográfico infantil, principalmente.
Como resultado de las diligencias realizadas por la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la PGR, el 6 de junio se obtuvieron órdenes de arresto contra siete miembros de esta organización en México, al considerárseles sospechosos de delincuencia organizada y trata de personas en la modalidad de pornografía infantil.
Derivado de ello se solicitó y autorizó por parte de un juez de control especializado en técnicas de investigación la medida de cateo para ingresar a diversos inmuebles que eran habitados por los sospechosos.
Por lo anterior, este jueves se realizó un operativo simultáneo denominado R-INO coordinado entre ambos países.
En México la PGR, con apoyo de agentes de las divisiones Científica y de Investigación de la Policía Federal, cumplió las órdenes de cateo en cinco domicilios ubicados en los estados de México y Aguascalientes, logrando la detención de seis personas vinculadas con la estructura criminal.
De igual manera en Costa Rica, en acciones paralelas, autoridades de ese país lograron la detención de otras cinco personas al haber allanado ocho inmuebles.
La PGR destacó que tanto en México como en Costa Rica a la fecha se han logrado identificar por lo menos 27 víctimas menores de edad del sexo femenino, “que eran utilizadas por dichos sujetos para llevar a cabo sus actividades ilícitas relacionadas con el delito de trata de personas”.
Finalmente, la institución refrendó su compromiso de cooperación en el ámbito internacional para combatir “ilícitos que afectan gravemente a grupos vulnerables, con todos los recursos que la ley provee, en estricto apego a los derechos humanos y al debido proceso”.
dca