Un juez federal llamó a comparecer al ex gobernador César Duarte Jáquez para el próximo 23 de junio, en relación a las denuncias que el Gobierno del Estado interpuso ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) por presunto desvío de recursos públicos para destinarlos a fines electorales.

 

El juez federal lo citó para vincularlo a proceso por la retención de 79 millones de pesos a empleados del Gobierno de Chihuahua, dinero que fue entregado al PRI del estado, aseguró el actual gobernador de la entidad Javier Corral.

 

 

También fueron citados a la audiencia de vinculación de proceso el próximo 23 de junio los ex funcionarios Jaime Ramón Herrera Corral, ex secretario de Hacienda; Miguel Ángel Mézquitic Aguirre; Adrián Dozal Dozal, ex director de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda.

 

Jesús Olivas Arzate, ex director de Egresos de la Secretaría de Hacienda; Gerardo Villegas Madriles, ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda, ya detenido.

 

Diana Karina Velázquez Ramírez, actual diputada federal del PRI por Chihuahua, y Pedro Mauli Romero Chávez, secretario de Finanzas y Administración del PRI de Chihuahua.

 

En entrevista para Despierta, Santiago Nieto, titular de la Fepade, dijo que la Fiscalía de Delitos Electorales recabó testimonios, peritajes en computadoras y estudios periciales de firmas, en la investigación de retenciones a empleados del Gobierno.

 

“Tenemos más de 40 testimonios de personas que fueron obligadas a hacer aportaciones a las cuentas del partido político y dar parte de su salario, sin haber tenido un ejercicio de su voluntad”, explica Santiago Nieto, titular de la Fepade.

 

Dijo que la ley electoral prohíbe el descuento de salarios a servidores públicos para ser entregados a partidos políticos.

 

“En el caso específico de delitos cometidos por servidores públicos, en el ámbito de la materia penal electoral, la sanción es 2 a 9 años de prisión”.

 

El citatorio es a las 15:00 horas del 23 de junio por la causa penal 457/2017, iniciada por una denuncia de la Secretaría de la Función Pública Estatal que se presentó a finales del año pasado.

 

aarl