CARACAS.- Decenas de chavistas y opositores se enfrentaron ayer en Caracas luego de que el Tribunal Supremo de Justicia rechazara un segundo recurso de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en contra del proceso constituyente que promueve el Presidente, Nicolás Maduro.

 

 

Los opositores acudieron desde las ocho de la mañana a las cercanías del Tribunal para intentar adherirse al recurso que interpuso el pasado jueves la fiscal que buscaba la suspensión de la convocatoria realizada por el Poder Electoral para elegir el 30 de julio una Asamblea Nacional Constituyente para renovar la Carta Magna.

 

 

Sin embargo, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) levantó murallas metálicas en la vías que conducen al Tribunal , por lo que los opositores se fueron concentrando en esa barrera.

 

 

Posteriormente, el Supremo informó a través de las redes sociales que el recurso de la fiscal era inadmisible, lo que motivó el descontento de los opositores frente a los militares.

 

 

Entre tanto, decenas de simpatizantes del Gobierno llegaron al lugar de la protesta y comenzaron a gritar consignas a favor de la Constituyente y de la llamada revolución bolivariana.

 

 

Los manifestantes, chavistas y opositores, pasaron de los gritos a los empujones y a los puñetazos durante varios minutos y frente a un contingente de la GNB.

 

 

Finalmente, una persona no identificada detonó una artefacto pirotécnico de fuegos artificiales en el sitio y provocó que la mayoría de los manifestantes se dispersara.

 

 

Los opositores han rechazado participar en el eventual cambio de Constitución pues consideran que el Ejecutivo está cometiendo un fraude al no convocar un referendo previo para preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo o no con que se inicie la redacción de un nuevo ordenamiento jurídico.

 

 

La ola de protestas que desde hace 73 días sacude a la nación ha degenerado en algunos hechos violentos que se han saldado con 67 muertos y más de un millar de heridos, según datos de la Fiscalía.

 

 

Además, 3 mil 132 personas han sido detenidas desde el 1 de abril, de acuerdo con Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano, quien precisó que mil 350 personas continuan privadas de su libertad.

 

 

En tanto, la fiscal Ortega Díaz acusó amenazas y responsabilizó al Gobierno de Maduro de “cualquier daño” del que puede ser objeto su familia.

 

 

 

 

Intervienen policía

 
El Gobierno venezolano intervino ayer la policía del central estado de Miranda, gobernado por el líder opositor Henrique Capriles, ante la supuesta participación de funcionarios en violaciones de derechos humanos.