Desde hace 15 días, la Procuraduría General de la República cuenta con toda la información de los funcionarios que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto recibieron presuntamente sobornos por más de 10 millones de dólares.

 

Algunos de ellos y de los cuales se mantiene su nombre bajo reserva por acuerdo con las autoridades judiciales de Brasil han sido citados a comparecer ante el Ministerio Público Federal, algunos por segunda ocasión y otros han recibido un primer citatorio.

 

Se sabe que a quienes ya citaron, y que forman parte de los altos ex funcionarios de Pemex, no han hecho caso del llamado; el mensaje de al menos cuatro de ellos es que no están físicamente en el país y, por tanto, no se les puede pasar recado de que la autoridad los está buscando.

 

Ayer se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Responsabilidades de Pemex, inició cuatro procedimientos administrativos sancionatorios, relacionados con un contrato de obra pública en la refinería Miguel Hidalgo.

 

El dato interesante es que dichos procedimientos, dos son en contra de empresas filiales de Odebrecht y los restantes son en contra de sus representantes legales. El gran problema es que esta empresa basada en el Sistema de Justicia Penal mexicano y bajo el argumento de varios acuerdos extrajudiciales con Brasil, ha logrado argumentar que al menos en México no se puede volver a juzgar a sus representantes e incluso a sus empresas filiales.

 

La Secretaría de la Función Pública informó también que identificaron probables irregularidades administrativas sobre los diversos contratos que suscribió esta constructora y sus filiales, con Pemex. Y por tanto se dará a Odebrecht y sus representantes, el derecho al desahogo de pruebas.

 

Lo que falta anunciar a la Secretaría de la Función Pública es si en esas irregularidades participaron o se presume que actuaron funcionarios del Gobierno federal y sobre todo a ¿qué niveles lo hicieron?

 

Esperemos que en México no ocurra lo que en Ecuador, en donde la empresa brasileña Odebrecht entregó información a cambio de inmunidad. Allá, esta empresa proporcionó a la fiscalía los datos suficientes para esclarecer el pago de sobornos por más de 33 millones de dólares.

 

Incluso ayer, el consorcio brasileño ofreció “un usted disculpe” a la población ecuatoriana. “La empresa pide disculpas a la sociedad ecuatoriana por este grave error del cual se arrepiente profundamente y agradece la oportunidad de seguir colaborando con las autoridades de justicia en la lucha contra la corrupción”.
En otros procesos

 

Ayer y a un año de la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, México Evalúa presentó su reporte Hallazgos 2016. En su reporte, Edna Jaime advirtió que, si bien pareciera que el nuevo sistema no funciona, hay elementos suficientes para detectar que autoridades están fallando en la implementación. Por ejemplo, en el caso de la PGR se reporta que, en promedio, sólo dos de cada mil asuntos que recibe logran terminar en juicio oral.

 

Pero más preocupante es que la PGR es señalada como la institución federal con menor eficiencia, pues sólo cinco de cada 10 asuntos que recibe son judicializados. También se observa que las procuradurías estatales y la federal tienen más casos de flagrancia en los juzgados que casos con investigaciones más profundas.

 

Dentro de esta problemática, Edna Jaime señaló que existen riesgos de que entren propuestas legislativas que pretenden endurecer las normas procesales del sistema acusatorio en busca de una mayor eficiencia en la persecución delictiva, pero que en realidad representarían una contrarreforma peligrosa.

 

aarl