La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Ley de Responsabilidades Administrativas, conocida como “Ley 3 de 3”, brinda a la sociedad certeza de la constitucionalidad de sus disposiciones, afirmó el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas.
El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dijo que la relevancia social que tiene la resolución de la Corte es de certeza pública de que el legislador federal hizo bien su trabajo, en tanto que no vulneró la esencia de la Constitución ni de la reforma en materia de transparencia y de anticorrupción.
En su resolución, el pleno de la Corte determinó que, si bien la esfera privada de los servidores públicos se ve reducida por su función, siguen gozando de los derechos establecidos en la Constitución, entre los que se encuentran la privacidad y la protección de los datos personales.
La SCJN validó la constitucionalidad de los artículos 29; 34, párrafo 3, y 48, párrafo 1, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), impugnados por diputados federales, al argumentar que iban en contra de los principios de transparencia y de combate a la corrupción.
El INAI considera que las declaraciones patrimoniales y de intereses de funcionarios deben ser públicas, con excepción de aquella información cuya difusión pueda vulnerar la vida privada o los datos personales, protegidos en la Constitución, señaló en un comunicado.
También se pronuncia a favor de que sea el Comité Coordinador del SNA, la instancia encargada de emitir los formatos respectivos, garantizando que los rubros de información que puedan afectar el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales de los servidores públicos queden en resguardo de las autoridades competentes.
El comisionado presidente del INAI dijo que si bien habrá inquietudes y exigencias en la definición de los formatos, la población debe estar cierta de que su elaboración estará a cargo de la sociedad civil organizada, representada en el Comité de Participación Ciudadana del SNA.
Acuña Llamas especificó que los formatos serán elaborados a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, que encabeza Jaqueline Peschard, y ella los someterá a consideración de cada uno de los integrantes del Comité Coordinador, es decir, del órgano de gobierno del Sistema Nacional Anticorrupción.
El instituto considera que debe ser el Comité Coordinador el encargado de emitir las normas y los formatos impresos, bajo los cuales los servidores públicos deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos, explicó.
“En su resolución, la Corte deja claro que de ninguna manera los que vamos a aprobar los formatos estamos libres de irnos por nuestro rumbo. Nos dice muy claro que los formatos no podrán ser una solución discrecional improvisada”, puntualizó.
aarl