Ni tardos ni perezosos, los panistas simpatizantes de Ricardo Anaya respondieron a quienes cuestionan su liderazgo por los resultados de las elecciones del 4 de junio pasado.

 

El nombre que más salió a relucir, ayer, fue el del senador Ernesto Cordero, que pidió la renuncia de Anaya.

 

Los anayistas recordaron que Cordero no ha ganado, jamás, una elección “ni de jefe de manzana” y que perdió la candidatura presidencial y luego la carrera por la presidencia del PAN, primero contra Josefina Vázquez Mota y luego con Gustavo Madero, pese a contar con todo el apoyo del entonces presidente Felipe Calderón.

 

“Los panistas no lo quisieron ni como candidato ni como líder’’, señalaron.

 

Eso sí, no dejan de reconocerle que, pese los descalabros que ha sufrido el clan de los Calderón, no ha dejado de ser fiel a la causa, caso contrario de otros supuestos calderonistas que ahora apoyan a Rafael Moreno Valle, unos abiertamente como el senador con licencia Javier Lozano Alarcón y otros disimuladamente, como el también senador Roberto Gil Zuarth.

 

Como sea, las declaraciones de uno y otro grupo han calentado el ambiente previo a la reunión de la Comisión Permanente del blanquiazul, que se realizará hoy.

 

Se va a poner bueno.

 

El video del diputado local del PAN en San Luis Potosí, Enrique Flores Flores, detonó una serie de escándalos y denuncias por corrupción que pocas veces se habían visto en el estado.

 

En dicho video, el diputado le pide a un presidente municipal cuatro millones de pesos por “desaparecer’’ las observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que sumaban 40 millones de pesos.

 

Tal fue la magnitud del escándalo, en el que se vio involucrado también el titular de la ASE, José de Jesús Martínez Loredo, que éste tuvo que renunciar al cargo.

 

Y con su renuncia se destapó otraaa coladera, la de los recomendados por los diputados que supuestamente trabajan –pero no lo hacen- en la ASE.

 

Ayer un grupo de auditores informó, de manera anónima, que por lo menos hay 71 personas recomendadas por 23 de los 27 diputados locales de San Luis Potosí, que dizque trabajan en la ASE.

 

Esos 71 recomendados tienen un costo mensual de un millón 25 mil 622.53 pesos, que bien podrían utilizarse en otras causas.

 

La gente se pregunta el porqué de la descomposición política del estado, y todos miran hacia Palacio de Gobierno, en donde despacha el gobernador Juan Manuel Carreras López.

 

Jesús Sesma, coordinador de los diputados del Verde Ecologista, anunció que presentará a la Comisión Permanente una iniciativa para corresponsabilizar civilmente a los empleadores de guaruras por los actos que éstos cometan contrarios a la ley.

 

A partir de que se hiciera pública una nueva riña en dos encumbrados colegios a los que asisten hijos de empresarios y políticos, en los que presumiblemente habrían participado escoltas de los jóvenes, Sesma actualizó una iniciativa que había estado durmiendo.

 

El planteamiento es interesante, sobre todo porque los empleadores de personal de seguridad nunca son responsables de nada, aunque ellos hayan dado la orden.

 

aarl