Ante las impugnaciones a la carta magna local, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría ordenar una Constitución “espejo”, avalar lo aprobado por la Asamblea Constituyente o poner en duda las nuevas instituciones.
Así lo consideró el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado en su análisis “Las impugnaciones a la Constitución Política de la Ciudad de México”, donde apuntó que la Corte revisa 40 de 71 artículos de la carta magna local impugnados en siete recursos legales admitidos.
Otro posible escenario es que en el corto plazo se presenten nuevas impugnaciones derivadas de la legislación secundaria a dicha Constitución.
En su informe explicó que tras la aprobación del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, el 31 de mayo, diversos partidos políticos hicieron patente su intención al respecto.
El Instituto consideró que por los recursos ya presentados se podría ordenar una Constitución “espejo”, es decir determinaría que ésta debe ajustarse firmemente a la federal, particularmente en materia de derechos.
Algunos actores políticos prevén un riesgo si la Corte dicta una postura “formalista” como ésta, porque sería rechazar la mitad del trabajo de los constituyentes y se limitarían los derechos de los habitantes de la capital del país.
La segunda posibilidad es que avale lo aprobado por la Asamblea Constituyente, lo que reconocería que los Congresos locales pueden ampliar los derechos de ciudadanos de un territorio siempre que no entren en “franca colisión” con lo establecido en la Constitución federal.
Al respecto ya existen antecedentes, como el de la Constitución de Michoacán que establece que la educación será gratuita hasta nivel universitario, mientras que en la carta magna federal la gratuidad llega sólo hasta el nivel medio superior.
En un tercer escenario, asentó la investigación del IBD, la Corte pondría en duda las nuevas instituciones contempladas en la Constitución local.
Es el caso del Consejo Judicial Ciudadano, que podría ser desechado si la SCJN determina que las entidades federativas no están facultadas para crear órganos distintos a los contemplados en la Constitución federal, sostiene.
Los siete procedimientos constitucionales -cuatro acciones de inconstitucionalidad y tres controversias constitucionales- han sido interpuestos por diversos actores gubernamentales, partidos políticos y organismos autónomos.
Fueron turnados al ministro Javier Laynez, quien dictaminará y elaborará los proyectos de sentencia, a fin de someterlos a votación y en caso de alcanzar el voto favorable de al menos ocho de sus 11 integrantes proceder a la invalidación de los artículos impugnados.
La investigación del IBD recordó que el 5 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial capitalina el decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México.
En él se estableció que la Constitución entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018, con excepción de las disposiciones en materia electoral que están vigentes desde el día posterior a su publicación.
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