En última semana el tema del espionaje nos ha tenido indignados; todos los sectores han opinado y exigido que se investigue a profundidad los 76 intentos de infección con el malware Pegasus en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México.
Varios de los personajes espiados, mas no todos, han señalado que esta semana presentarán una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República para que se investigue a fondo los motivos y los responsables del espionaje.
La PGR, por su lado, se adelantó e indicó que ya abrió una carpeta de investigación para detectar la forma en que se adquirió el sistema Pegasus, pero más importante aún es que tratará de indagar quiénes lo han utilizado fuera de pesquisas contra el crimen organizado.
La respuesta de las autoridades federales pareciera buena e inmediata, sin embargo, si uno analiza los últimos 17 años de investigaciones sobre espionaje en México, nos daríamos cuenta que si este caso reciente se resuelve, sería extraordinario y casi único.
En México, el espionaje se tiene documentado desde hace más de dos décadas. Los métodos a lo largo de los últimos años se han modificado, como bien lo señala en su informe El estado de la vigilancia, la Red por la Defensa de los Derechos Digitales.
En su documento difundido a finales del año pasado explica que “el creciente uso de tecnologías digitales por parte de la ciudadanía, en particular de teléfonos móviles, ha provocado un gran interés en las autoridades por adquirir capacidades legales y tecnológicas para acceder a la gran cantidad de datos que el uso de dichos dispositivos arrojan”.
Así, y en específico en los últimos 17 años, las autoridades federales y estatales han espiado, al menos de lo que se ha hecho público, a políticos, líderes sindicales y otros sectores bajo distintas tecnologías o métodos.
Y le doy este dato porque justo en junio de 2014, redacté un texto en el cual señalé que de 2000 a 2014, ningún caso o denuncia de espionaje había sido resuelto; dos años después varias de esas denuncias ya están en los archivos sin resultado alguno.
La intervención y grabación de llamadas telefónicas es un delito federal que tiene una penalidad de seis a 12 años de prisión. A pesar de ello, en 147años no hay personas sentenciadas ni señaladas como responsables del espionaje hecho a Presidentes, candidatos, funcionarios federales, gobernadores y legisladores.
En este tiempo se han difundido y filtrado, al menos, 24 grabaciones, en las cuales los personajes afectados han denunciado ante la PGR el espionaje que han sufrido mediante la intervención telefónica.
En los últimos años, personajes como Vicente Fox, Santiago Creel, Josefina Vázquez Mota, Fidel Herrera, Ulises Ruiz, Luis Téllez, Elba Esther Gordillo y Manlio Fabio Beltrones han acudido ante la PGR a denunciar actos de espionaje e intervenciones telefónicas, y en ningún caso han sido resueltas las averiguaciones. La contaba con 19 denuncias por espionaje e intervenciones telefónicas. De éstas, sólo cuatro averiguaciones siguen abiertas: una denuncia interpuesta por Ernesto Cordero, otra por la legislatura de diputados anterior, una más por Josefina Vázquez Mota y una más por el ex presidente municipal de Zapopan, Jalisco, Héctor Vielma Ordoñez.